El sábado anterior senadores de PRI, PAN y PVEM se reunieron con sus pares demócratas de Estados Unidos en un encuentro privado donde conversaron sobre tráfico de drogas y de armas, trata de personas –la cual se ha extendido a migrantes–, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), muro fronterizo de Donald Trump, comercio exterior y narcotráfico, entre otros.

Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diversas organizaciones llevaron a cabo ayer un acto denominado Muros no, puentes sí, frente a la embajada de Estados Unidos y colocaron un muro de cajas de cartón para protestar por la política emprendida por el presidente de ese país, Donald Trump.

Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos se declararon en alerta ante la aparente pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, con lo cual se quedaría abierta la posibilidad de que las manifestaciones públicas de protesta en esa entidad puedan ser declaradas ilegales, según a la decisión discrecional de los comandantes policiacos encargados de vigilar dichas protestas.

A un mes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se mantiene la incertidumbre de renegociar o salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que el gobierno mexicano debe cambiar la política económica, cancelar ese acuerdo comercial y crear una estrategia nacional de producción de alimentos, expuso Francisco Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST).

El gasto diario promedio en alimentación y movilidad para una familia de tres a cuatro integrantes en Ciudad de México y el área metropolitana asciende a 445 pesos, cifra que no puede ser cubierta con el salario mínimo, aun si todos trabajaran, revela un estudio realizado por especialistas de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fue separado de su cargo como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y denunciado ante la Procuraduría General de la República, porque fueron encontrados en su auto casi 4 millones de pesos en efectivo, ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones por actos irregulares en el servicio público, aunque fue exonerado en una, porque la acusación había prescrito.

Verónica Delgadillo, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), dirigió ayer un escrito al presidente Enrique Peña Nieto, en el que le exige de manera respetuosa que renuncie a la pensión vitalicia a la que tiene derecho una vez que deje su cargo en el Poder Ejecutivo.