Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos se declararon en alerta ante la aparente pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, con lo cual se quedaría abierta la posibilidad de que las manifestaciones públicas de protesta en esa entidad puedan ser declaradas ilegales, según a la decisión discrecional de los comandantes policiacos encargados de vigilar dichas protestas.

Advierten que de concretarse, los comandantes tendrían la facultad incluso de ordenar a sus subalternos hacer uso de la fuerza letal en contra de manifestaciones civiles y pacíficas, contrariando de este forma toda la convencionalidad y buenas prácticas internacionales que en la materia se han desarrollado.

Incluso, denunciaron, esta ley del estado de México, también conocida como ley Atenco o ley Eruviel, se encuentra armonizada en sus pretensiones con otras iniciativas a escala federal que buscan justificar legalmente la represión y violaciones de derechos humanos contra el pueblo mexicano.

Ha trascendido que el dictamen elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, próximo a discutirse en la SCJN, va encaminado en ese sentido.

En una carta pública dirigida a la Corte y a los pueblos campesinos y organizaciones que defienden la tierra y los derechos humanos, las organizaciones solicitan a los ministros del máximo tribunal del país una audiencia urgente, previa a que inicien las discusiones de la referida ley, a fin de presentarle sus puntos de vista y argumentos jurídicos y sociales para sostener la ilegalidad e ilegitimidad de una ley como la citada.

El mensaje lo firman más de una veintena de organizaciones, entre ellas Fuego de la Digna Resistencia, Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Huitzizilapan, Comisión Indígena en Defensa del Agua y la Tierra, Defensores de los Bosques de Temoaya, Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.