En el proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó en forma indebida anticipos, no comprobó su aplicación y atribuyó incorrectamente retención y devoluciones de recursos de obras acordadas. Esto deja un daño probable de 38 millones 398 mil pesos, además de que hay otros 568 millones de pesos pendientes de aclarar, señala el análisis de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este organismo evaluó el proyecto que incluye la realización de obras para mejorar la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, donde se construirá la terminal aérea. Esas obras consisten, entre otras, en la construcción de túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos del oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación.

Todo esto tiene como fin sustentar la obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en esta zona, que ha sido afectada en forma histórica por inundaciones. La ASF evaluó el proyecto para comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, explica en el análisis.

La Conagua, ya con Roberto Ramírez de la Parra al frente, tras la salida en abril de 2015 de David Korenfeld, cumplió con disposiciones legales y normativas, pero hubo excepciones en rubros que llevaron a pagos indebidos. Por ejemplo, 30 millones 439 mil pesos por la incorrecta integración de las matrices de conceptos que no se habían considerado en el catálogo original del contrato, 3 millones 655 mil pesos por diferencias entre el volumen pagado por la Conagua y el cuantificado por la ASF, y 2 millones 749 mil pesos por el pago de jornadas que no se trabajaron.

La ASF explicó que para la fiscalización de los recursos federales ejercidos en este proyecto se revisaron nueve contratos de obras públicas y seis de servicios relacionados con ellas.