Tras varias reformas electorales por las que el financiamiento público a los partidos de alguna u otra forma se incrementó, es necesario replantear el esquema, no sólo porque es excesivo en épocas de austeridad, sino porque ha sido contraproducente en cuanto a su propósito de búsqueda de votos y de tener otras formas de sostenimiento, advirtieron especialistas en un seminario sobre el tema organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista César Astudillo señaló que las reformas electorales han representado el aumento de las prerrogativas, aun cuando se haya planteado el objetivo de reducirlas. Aseveró que las reformas de 2007 y 2014 pretendían disminuir el financiamiento, y si bien bajó en el plano nacional, se disparó, en algunos casos exponencialmente en los estados, donde se compensó.

Citó los casos más extremos: en Baja California el financiamiento público a los partidos pasó de 15 millones de pesos a 114 millones; en Michoacán, de 46 a 150 millones; en Oaxaca, de 27 a 120 millones de pesos; en Puebla, de 52 subió a 172 millones, y en Veracruz, de 72 a 230 millones.

Tras demandar la revisión del esquema de subvención, Astudillo también se pronunció por imponer topes de gastos de campaña reales, porque los vigentes son inverosímiles y sólo invitan al financiamiento ilícito y a simulaciones.

María Marván, ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral, sostuvo que la revisión debe partir de bases realistas: no se podrá anular la relación dinero-política y el financiamiento público debe existir, aunque se hay que revisar los montos, a fin de evitar que se den efectos no deseados. Consideró que resultan falaces los argumentos para mantener niveles elevados de sostenimiento público para evitar injerencias de poderes fácticos, como el narcotráfico, pues aun con las actuales cantidades, en muchos casos el crimen organizado ha cooptado a la política.

Marván aseveró que al tener garantizados los recursos, a los partidos no les preocupan los niveles de participación ciudadana y se desentienden de su promoción, así como tampoco se preocupan por buscar recursos mediante otras vías. Por otro lado, pretender reducir el financiamiento público sólo con la pretensión de legitimar a los partidos y reducir su descrédito, es un objetivo difícilmente alcanzable de esta manera, pues continuarán apelando a su clientelismo.