Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fue separado de su cargo como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y denunciado ante la Procuraduría General de la República, porque fueron encontrados en su auto casi 4 millones de pesos en efectivo, ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones por actos irregulares en el servicio público, aunque fue exonerado en una, porque la acusación había prescrito.

De acuerdo con un documento fechado el 9 de febrero pasado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de Ciudad de México da cuenta de la resolución del 10 de noviembre de 1998, emitida por el tercer juzgado de distrito en materia administrativa, que revocó la sanción impuesta a Pérez Maqueda (del 30 de enero de 1997) consistente en la destitución e inhabilitación de cinco años en virtud de que era procedente la figura de la prescripción extinguiendo las facultades de la autoridad administrativa para sancionarlo.

Sin dar mayores detalles sobre el cargo que ocupó Pérez Maqueda en el gobierno de Ciudad de México, ni el motivo de las sanciones, el documento da cuenta que, dada la resolución judicial, su nombre fue retirado de Registro de Servidores Públicos Sancionados, lo cual se cumplió el 6 de enero del presente año.

Señalamientos en la PGR

Sin embargo, el mismo documento da a entender que sí fue aplicada una sanción, consistente en 90 días de suspensión, aplicados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de Ciudad de México.

En los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, el funcionario suspendido por el CJF fue director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, cargo en el que también fue señalado en versiones periodísticas por la presunta comisión de diversas irregularidades, como por la asignación discrecional de millonarios contratos en materia de informática y en la renta de aeronaves de la entonces procuradora Marisela Morales. Finalmente no se le imputó responsabilidad penal ni administrativa.

Pérez Maqueda, quien llegó al cargo de la mano del presidente de la Suprema Corte y del CJF, Luis María Aguilar, participó en la adjudicación de contratos de obra pública en 2015 y 2016 por más de 5 mil millones de pesos, incluidos algunos sin licitación, para edificar centros de justicia penal y palacios de justicia federal.