En el caso de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, se cometieron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, con el empleo de balas de goma y bombas de humo, además de que hubo personas lesionadas y amenazadas, así como daños a viviendas, cometidas por elementos de las policías municipal y estatal.

En la recomendación 2/2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da cuenta de las agresiones, golpizas, detenciones arbitrarias y amenazas en contra de jornaleros y ciudadanos que no participaban en los bloqueos carreteros y actos en protesta por las pésimas condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias.

Tras la investigación de los hechos ocurridos el 17 de marzo; 9, 18 y 26 de mayo, y 24 de septiembre, todos de 2015, el organismo acreditó también que en todos los operativos policiacos no existió una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad ni se aplicaron los protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales.

Además, la amplia recomendación de 225 cuartillas señala que en la realidad de pobreza y marginación que vive la población jornalera del Valle de San Quintín, existen suficientes evidencias de una falta de coordinación institucional y una omisión de los gobiernos federal y estatal para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura.

El documento acredita que tan sólo el 17 de marzo de ese año fueron detenidos más de 200 jornaleros, entre los que se encontraban unos 50 menores de edad. Todos ellos habrían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagaban salario digno, horas extras, ni los turnos dobles o triples que laboraban; no estaban afilados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ni les otorgaban las prestaciones de ley, además de violar los beneficios por gravidez, conforme a la ley.

La CNDH reproduce múltiples declaraciones de los detenidos ante el Ministerio Público, constatada con entrevistas personales, donde se denuncia las golpizas y amenazas de muerte propinadas por los policías en el momento de la detención.

A esto se añade que los agentes del Ministerio Público omitieron realizar la investigación para determinar el origen de las lesiones presentadas a varios de las víctimas que resultaron lesionadas, incluyendo varios menores de edad.

Varios fueron detenidos por personas civiles armadas con piedras y palos, que viajaban en camionetas pick up blancas, en su mayoría hombres, quienes también los golpearon, señala la recomendación de la CNDH.

Hasta el momento no hay evidencia que acredite el inicio de algún procedimiento administrativo o penal contra servidores públicos federales, estatales o municipales, respecto de las acciones u omisiones sobre los hechos de la queja. Respecto de los jornaleros y detenidos, algunos fueron puestos en libertad; unos más sentenciados y otros continúan en proceso.

El documento de la CNDH es dirigido al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo; a los secretarios de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; así como al director del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa.

Ayer mismo, el Seguro Social indicó que colaborará con la CNDH. Para ello, los titulares de la diferentes áreas se encargarán de realizará lo que corresponda para mejorar las condiciones laborales y de seguridad social de los jornaleros agrícolas de San Quintín. Asimismo, se reforzará la capacitación en materia de derechos humanos al personal del instituto en esa delegación, con apego a las normas nacionales e internacionales.

La Secretaría de Desarrollo Social también indicó que cumplirá con la recomendación, para lo cual elaborará un censo sobre la situación de los jornaleros, impartirá cursos de derechos humanos a su personal y reforzará la vigilancia de las instancias que aplican el programa de atención a trabajadores agrícolas