El miércoles pasado, un funcionario de la delegación del Infonavit en Aguascalientes, el priísta Jorge Iván Macías Villalpando, escribió en Facebook, en la sección de comentarios en una nota relativa al tema de las normalistas: y luego porque las desaparecen.

El PRD anunció que presentará juicios de inconformidad en contra de 42 cómputos distritales en el estado de México, además de que interpondrá una denuncia para que se castigue a quienes usaron los programas sociales para coaccionar el voto, con lo cual buscarían anular la elección.

Este domingo, el partido Morena realizará un congreso nacional extraordinario para delinear la estrategia política rumbo a 2018.

Diez por ciento de las mujeres económicamente activas en México son violentadas por el acoso sexual. Alrededor de un millón 400 de ellas son afectadas por esas ominosas prácticas; no obstante, sólo 0.3 por ciento denuncia a sus agresores. Eloísa Talavera Hernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión de Seguridad Social, dijo que tal problemática existe porque no hay disposición o norma que obligue a los titulares de las dependencias de gobierno, instituciones y organismos descentralizados, implementar acciones que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. Esto pese a que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece el deber que tienen las dependencias e instituciones públicas de implementar este tipo de acciones, afirmó la diputada Talavera Hernández. Propuso reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, para que titulares de las dependencias de los poderes de la Unión, gobierno de la Ciudad de México, instituciones públicas y organismos descentralizados, implementen medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.