Las compañías trasnacionales que operan en México llevan a cabo sus megaproyectos sin respetar el derecho de los pueblos originarios a ser informados y consultados al respecto, lo cual genera un gran número de conflictos socioambientales, en los cuales los activistas que denuncian estos abusos suelen ser víctimas de amenazas y agresiones.

Así lo denunció el grupo de trabajo sobre los derechos humanos y las empresas trasnacionales –dependiente de la Organización de las Naciones Unidas– en el informe final de la visita que realizaron sus integrantes a México el año pasado.

En el documento, de 23 páginas, denunció que muchos de los megaproyectos realizados por diversas compañías en áreas como minería, energía, construcción y turismo a menudo afectan a las comunidades indígenas y no reparan adecuadamente en los daños causados.

La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad, subrayaron los autores del informe tras su visita, efectuada del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.

La falta de consulta previa e informada a las comunidades –proceso que muchas empresas consideran una responsabilidad del gobierno, no suya– provoca diversas violaciones a los derechos humanos, como parte de un fenómeno de conflictividad social, donde todas las partes salen perdiendo, pues también hay daños a la reputación y las inversiones de las compañías.

En este escenario, destacó el grupo de trabajo, las autoridades mexicanas están sujetas a los intereses de las empresas –lo cual se conoce como captura corporativa del Estado–, por lo que no aplican el marco jurídico existente ni obligan a las firmas trasnacionales a modificar su conducta para que respeten los derechos humanos.

Entre los ejemplos que lograron recabar los especialistas de Naciones Unidas durante su visita a seis entidades del país, se encuentra el de un parque eólico en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que empezó a construirse sin informar primero a los habitantes de la zona, aprovechando que en años anteriores ya se habían instalado otros desarrollos del mismo tipo.

De igual manera, el informe menciona el caso de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, afectadas por los cultivos de soya transgénica; el pueblo indígena de San Francisco Xochicuautla, cuyos habitantes luchan contra la edificación de una autopista privada, y las comunidades yaquis que se oponen a la construcción del acueducto Independencia.

Sumado a lo anterior, recalcó el grupo de trabajo, existen casos generalizados de intimidación y acoso en contra de los líderes comunitarios que protestan contra determinados proyectos y operaciones empresariales.

El organismo emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas que garantice la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.

Pidió a las autoridades que informe a las trasnacionales sobre su obligación de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, y que facilite el diálogo con las comunidades afectadas.