urante décadas hemos vivido en México un desvío de poder del Estado generado por la globalización capitalista, en el cual lo más importante son las ganancias sin respeto alguno por la vida. Ante ello diversas organizaciones civiles a lo largo y ancho del país han asumido la responsabilidad de luchar por ella, y por mostrar la violación sistemática de los derechos humanos, la simulación, la impunidad y la violencia que se vive en México. El trabajo de estas organizaciones es fundamental para generar contrapesos a las lógicas de explotación y muerte que intentan imponerse desde el poder.

Una de estas organizaciones es el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local de Tlaxcala, que en mayo pasado conmemoró su 15 aniversario. El religioso dominico Julián Garcés, nombrado por Carlos I de España y V de Alemania protector de los indios, fue en 1525 el primer obispo de la Nueva España en Tlaxcala, y defendió la condición humana de los indígenas y sus derechos. Por ello, ante hechos graves de violación a derechos humanos, incluyendo daños a la salud por la contaminación del río Atoyac y el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el centro que lleva su nombre surgió del diagnóstico realizado por comunidades católicas congregadas en la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala en 2002. El Fray Julián, como cariñosamente lo llaman, con su trabajo cotidiano con las comunidades sigue construyendo la vigencia de los derechos humanos y de la dignidad de los pueblos como herramienta transformadora. Acompañando a colectivos y organizaciones, ha logrado en estos años reconocimiento público, incluso de algunas autoridades que no han podido más que reconocer la veracidad de sus denuncias ambientales y sociales. Además, su labor ha sido fundamental en la adecuación de marcos legislativos y en la elaboración de políticas públicas que aún hoy los gobiernos locales se niegan a aplicar de manera integral. Gracias a este trabajo constante, ha puesto igualmente de manifiesto el desinterés de los gobiernos por enfrentar los problemas, y su falta de compromiso por aplicar estrategias que combatan la impunidad y la simulación, pues así como las autoridades se dicen preocupadas, también omiten actuar para darles solución.

La perseverancia del Fray Julián logró que en marzo pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera la recomendación 10/2017 por la violación a derechos humanos ocasionada por la contaminación del río Atoyac, tolerada durante décadas por el Estado. La recomendación por cierto ratifica las denuncias de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, colectivo formado para exigir el saneamiento del río y la atención a la crisis de salud en la cuenca. Ambas organizaciones pudieron demostrar que desde hace 25 años existen evidencias sobre la presencia de contaminantes altamente tóxicos, varios de ellos potencialmente cancerígenos, que repercuten no sólo en la calidad del agua, sino en la salud de las personas que habitan en su ribera, en muchos casos provocando su muerte. Al afirmar por primera vez que la exposición crónica de la población a los tóxicos presentes en un río la hace susceptible para contraer enfermedades graves, como cáncer o insuficiencia renal –situación que habían negado sistemáticamente las autoridades del sector salud–, esta recomendación es de relevancia nacional. Obliga además a elaborar un plan de saneamiento emergente, en el que resultará crucial que se permita participar activamente a las comunidades afectadas, para no repetir las simulaciones anteriores.

En relación con la trata de mujeres y niñas, que no se ha logrado erradicar, el Fray Julián ha demostrado igualmente la prevalencia de la impunidad y la simulación de la autoridad, pues aún teniendo el marco legislativo y de política pública contenida en la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan, este delito se ha incrementado. Pasó de estar presente en 23 municipios en 2008, a 35 en 2014. Además, de 200 denuncias interpuestas entre enero de 2011 y diciembre de 2016, sólo 13 alcanzaron sentencia. Tan graves son los impactos nacionales de las redes de trata de mujeres y niñas, que en agosto de 2016 se presentó, ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la primera solicitud de alerta de violencia de género en el país que hace referencia a la trata, para algunos municipios de Tlaxcala, por violencia sexual y trata de mujeres. Debido a esta solicitud, se han hecho también recomendaciones al gobierno estatal, mismas que aceptó en noviembre de 2016, pero que en su afán por responder mediáticamente, simula y también retrocede en el respeto de los derechos humanos, exhibiendo además su desconocimiento de los principios pro persona, de convencionalidad y progresividad, como lo evidencia la presentación de la iniciativa para derogar la Ley para Prevenir la Trata de Personas, pues plantea la reelaboración de una política pública que existe desde 2011 y que aún no se aplica y evalúa. Plantea igualmente obligaciones para el gobierno estatal y municipal que desde hace varios años ya están claramente establecidas en la ley general en la materia, y violenta el principio de progresividad, al pretender reducir la participación de la sociedad civil en el Consejo Estatal contra la Trata. Al igual que con otras redes defensoras de derechos humanos, y el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, celebramos la existencia y permanencia del Centro Fray Julián Garcés, reconocemos su lucha frente a problemáticas reales, y nos sumamos a sus justas demandas para que los gobiernos garanticen el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a vivir libres de explotación sexual.