espués de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014 las normales rurales quedaron en la mira. Quienes poco o nunca habían oído hablar de estas instituciones descubrieron la historia que las ancla al legado revolucionario, la oportunidad de educación que han brindado para los pobres, y su tendencia a despertar la conciencia social de quienes allí se forman. Al hondear en su pasado, se descubre también el largo historial de agravios que han padecido, de su abandono presupuestal, a su satanización en los medios de comunicación, a la represión de Estado. En esta dialéctica se han formado los maestros rurales.
Desde su fundación a partir de las décadas de 1920 y 1930 las normales rurales fueron diseñadas bajo una lógica tanto pragmática como ideológica. Su razón práctica fue formar maestros para una nación donde urgían profesores a la vez que daban a hijos de campesinos acceso a una profesión que les permitiera superar su condición de pobreza.
En su proyecto ideológico, se enfatizó la educación como ejercicio democrático –dentro y fuera del aula. Se desdeñaron los métodos pedagógicos autoritarios, se promovió la participación de los alumnos en el gobierno escolar y se adoptó un exhaustivo código disciplinario en el cual tendría injerencia el alumnado. Como la idea era formar maestros que fueran líderes sociales capaces de asesorar al pueblo en sus derechos agrarios y laborales, era importante desechar tendencias sumisas.
Las escuelas que empezaron con el respaldo del estado revolucionario, especialmente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), pronto fueron incómodas para un gobierno que prefería ciudadanos sumisos. Pero, empeñados en defender su derecho a la educación, los normalistas rurales han salido una y otra vez a las calles. Organizan marchas, bloquean carreteras y se declaran en huelga. El gobierno responde con policías y los medios de comunicación con calumnias que han producido una leyenda negra sobre las normales rurales y sus estudiantes.
Los relámpagos de resistencia que han brotado de las normales rurales en tan sólo lo que va del siglo XXI son una reveladora muestra del empeño juvenil por defender su derecho al estudio. También ponen de manifiesto la tajante respuesta oficial.
Los siguientes casos son indicativos: en 2000 la toma policiaca de la normal rural de El Mexe, Hidalgo para terminar con una huelga; en 2003 la clausura de los dormitorios y servicios asistenciales en la normal rural de Mactumactzá, Chiapas; en 2005 el cierre de El Mexe; en 2007 la represión de normalistas de Ayotzinapa que tomaron casetas en la Autopista del Sol; en 2010 la represión a las normalistas de Cañada Honda que pretendían negociar su pliego petitorio ante el Instituto de Educación de Aguascalientes; en 2011 la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa cuando la policía los replegó en la carretera México-Acapulco; en 2012 la represión a los normalistas de Tiripetío, que pedían negociar con el gobernador sobre cambios curriculares; en 2014 la masiva operación contra alumnos de Ayotzinapa que dejó 3 normalistas muertos y 43 desaparecidos.
El más reciente agravio contra las normales rurales tuvo lugar el pasado 2 de junio cuando las alumnas de Cañada Honda fueron replegadas por la policía al bloquear la carretera 45 norte en Aguascalientes. Las normalistas protestaban por la reducción de su matrícula de 120 a 100 y la intención de convertir a su plantel en una escuela mixta, sin tener esta institución las condiciones estructurales para sostener la modalidad coeducativa.
La protesta ha sido respaldada por estudiantes de otras normales rurales, se han solidarizado miembros del magisterio democrático, y desde la misma comunidad de Cañada Honda los vecinos han brindado su apoyo. Esta movilización ha prevenido la toma de la normal por las fuerzas policiacas.
Pero la amenaza sigue en pie porque las normalistas no mantienen el carácter sumiso con que debieran comportarse los pobres, y eso no se les perdona.
Mientras los funcionarios de gobierno hablan de su disponibilidad al diálogo, la policía ronda las instalaciones de la normal y las fuerzas antimotines llegan a la Plaza de Armas de Aguascalientes, donde las normalistas realizan un plantón. El mensaje es muy claro: toleraremos hasta cierto punto sus arrebatos juveniles, pero que quede bien claro quién manda.
Mientras tanto los medios de comunicación proveen el contexto narrativo para desprestigiar esta lucha estudiantil: que las alumnas se oponen a la equidad de género; que son aconsejadas por normalistas de otras instituciones; que por venir de otros estados, las alumnas de Cañada quitan puestos que corresponden a estudiantes de Aguascalientes; que sus excursiones al mar y tierra maya son evidencia de sus tendencias burguesas; que por conflictivas las desaparecen.
¿Y qué de un gobierno que obliga a su juventud a recurrir a las calles para ejercer un derecho que la revolución estableció como suyo?, ¿qué de una condición de género en donde México destaca por sus feminicidios?, ¿qué de una distribución de riqueza que reduce becas mientras asegura exorbitantes colegiaturas privadas para hijos de la élite?, ¿qué del patrimonio natural y cultural que tan se ha vuelto el dominio de la clase acomodada y los turistas extranjeros que es injuria que los pobres se atrevan a conocerla?, ¿qué de un país que produce fosas clandestinas con más eficiencia con la que produce escuelas?
Para oponerse a esta situación nacional, es más importante que nunca negarse a la sumisión.
*Profesora-Investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Después de Zapata: El movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México (1940-1962) (Akal, 2015).
