Tamaulipas concentra el mayor número de denuncias de tráfico de armas y explosivos, así como otras violaciones a la ley federal en la materia. Igualmente, entre 2010 y 2015 esta entidad tuvo las tasas de secuestro más altas del país, muy por arriba del promedio nacional.

Dos niños, de tres y cuatro años de edad, y su padre murieron en un enfrentamiento ocurrido en una vivienda del fraccionamiento San Agustín de Ciudad Delicias –a 70 kilómetros de la capital de Chihuahua–, cuando militares y policías estatales perseguían a un presunto secuestrador que se parapetó en dicho domicilio. El fiscal de la zona centro sur del estado, Octavio Ledezma, dijo que investigan los hechos para proporcionar más información. Durante el operativo murieron el presunto secuestrador Juan de Dios Domínguez; los menores David y Damián, así como su padre, Gerardo Salas Iracheta. En tanto, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que la tarde del jueves cuatro personas fueron asesinadas en Ciudad Victoria. Los cuerpos fueron hallados cerca de la delegación del Seguro Social. Además, fuerzas federales abatieron a un civil armado en la colonia Jardín de Nuevo Laredo.

Integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México se manifestaron frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) para denunciar la falta de atención y ayuda a Rubicel Hernández, joven activista de 27 años de edad que quedó sin movimiento de las extremidades inferiores luego de que fue objeto de un intento de homicidio en noviembre pasado, en la capital del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó ayer ante la corte de apelaciones del noveno circuito, con sede en San Francisco, California, un escrito de Amigo de la Corte (Amicus curiae), con la finalidad de apoyar a la madre de José Antonio Elena Rodríguez –ultimado en 2012 por un agente de la Patrulla Fronteriza cuando se encontraba en Nogales, Sonora–, quien demanda una indemnización.