En las negociaciones de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el PAN promoverá que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y políticos sean públicas en los términos que ha propuesto la sociedad civil organizada, particularmente en la iniciativa 3 de 3, señaló ayer Ricardo Anaya, dirigente de ese instituto político.

En lo que fue interpretado como un regreso a la posición inicial del blanquiazul y un rechazo a la propuesta de PRI-PVEM, que plantea declaraciones públicas limitadas, presuntamente ya aceptadas por algunos legisladores panistas, Anaya señaló que no admitirá la intención de esos dos partidos de achicar y descafeinar la reforma constitucional en la materia.

Insistió en que deben aprobarse las siete leyes del sistema, y no sólo cinco, como pretenden el tricolor y el verde, luego de reiterar el llamado para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones antes del 28 de mayo, cuando vence el plazo constitucional, con el fin de avalar las normas secundarias anticorrupción.

En conferencia de prensa, efectuada en la Torre Azul, el presidente del PAN explicó que la intención de su partido al promover que la declaración patrimonial sea pública es que los ciudadanos sepan con cuánto dinero entran los servidores públicos al cargo y con cuánto salen; que sepan quiénes se están enriqueciendo de manera ilegal o si están robando al erario para llevarlo a su bolsillo.

También dijo haber dialogado con la senadora Marcela Torres, quien recientemente declaró que Acción Nacional aceptaría la propuesta de PRI-PVEM, dado que cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales. Puntualizó que hizo tales planteamientos porque había perdido la esperanza de que se lograra sacar adelante una declaración patrimonial pública sin limitaciones, pero una vez que senadores, diputados y directivos del partido consensuaron la posición arriba citada, expuso que la legisladora dijo estar en plena sintonía con ésta.

Por otra parte, las bancadas de PAN y PRD en el Senado hicieron llegar a la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana observaciones en 21 temas de las cinco leyes secundarias que el tricolor y los verdes pretenden dictaminar.

En el documento estiman que el proyecto limita gravemente la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación al proponer que realice pesquisas sobre faltas administrativas sólo cuando detecte daños a la hacienda pública, debiendo declinar su competencia en favor de los órganos internos de control en otros casos.

Ello, sostienen, es contrario a la Constitución, que faculta a esa entidad superior de fiscalización a investigar cualquier falta administrativa que considere grave.