El desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Gaudalupe Sánchez López, acusada por el gobierno federal de tener nexos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no procederá porque la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó pruebas contundentes, aseguraron sus abogados, Rosalba Alarcón Ramírez y Francisco Verdugo.

En tanto, un tribunal federal desechó en definitiva la demanda de amparo tramitada por la diputada con la que pretendía detener el proceso de desafuero que enfrenta, por estar acusada de usar documentos falsos para visitar en prisión a Guzmán Loera.

Según Alarcón Ramírez sería ilegal que los diputados aprueben el desafuero y que den a conocer el sentido de su voto. Insistió en que la PGR no aportó pruebas de que Sánchez López haya acudido a visitar a Guzmán Loera al penal de Altiplano.

Los abogados estimaron que el 20 de mayo el Congreso de la Unión pudiera ser citado a un periodo extraordinario para votar el juicio de desafuero. Señalaron que en las acusaciones contra la diputada han tenido mayor peso las razones políticas que el argumento jurídico, y que el delito que se imputa a la legisladora –uso de documentos falsos– no tiene sanción en el Código Penal Federal vigente.

En la sesión de este jueves, en Culiacán, la legisladora guardó silencio y pidió al personal de comunicación social del Congreso del Estado que informara a los periodistas que sólo sus abogados declararán sobre este tema. Por separado, Laura Galván Uzeta, líder de la bancada del PAN, dijo que el desafuero de la diputada será un ejemplo para los servidores públicos que han violado la ley.

Es un buen mensaje para los ciudadanos, que no estamos encima de ellos y que tendríamos que ser sujetos (a investigaciones y castigo) si cometemos un delito, manifestó.