Da seguimiento a entidades que no las homologaron
Viernes 13 de mayo de 2016, p. 12
Aprobadas en su mayoría a marchas forzadas en los últimos días previos al vencimiento del plazo constitucional para que los congresos locales homologaran su marco legal con la Ley General de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio inicio a la revisión de las legislaciones que han sido publicadas, con el fin de determinar si no existen disposiciones que contravengan la norma general para, en su caso, promover los recursos de inconstitucionalidad que procedan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.
Aunque se aprobaron, aún no están vigentes
En paralelo, el Inai aún da seguimiento a las entidades donde no ocurrió esta homologación –Nuevo León, Veracruz y Zacatecas, estos dos últimos con elecciones en marcha– y analiza las opciones jurídicas para proceder en su contra, si bien el plazo legal para emprenderlas es de 30 días naturales después del 5 de mayo pasado.
Vencidos los plazos, la actuación del instituto, subrayó el comisionado Francisco Javier Acuña, opera en dos vertientes: por un lado se empezó la revisión de las leyes locales que ya han sido publicadas en las entidades, a efecto de definir si no existen disposiciones que vayan en sentido contrario a lo ordenado en la Ley General de Transparencia.
Acuña explicó que el Inai da seguimiento, pues aun cuando en 29 entidades ya se aprobaron las modificaciones, hasta en tanto no sean publicadas técnicamente no están vigentes, lo cual supone que aún esos estados continúan en falta.
Aunque al instituto le interesa fundamentalmente que se complete todo el trámite de homologación para que exista un marco legal en todo el país en consonancia con la ley general, tampoco queremos aparecer, aunque somos el órgano regulador, como energúmenos frente a los congresos locales
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Por otro lado, dijo, se realizan las comparaciones de los cambios legales para detectar donde pueda haber problemas que ameriten una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, como ya ha sucedido en algunos casos, si bien de ellos, por ahora, sólo se mantiene el litigio con Tabasco.