La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó ayer ante la corte de apelaciones del noveno circuito, con sede en San Francisco, California, un escrito de Amigo de la Corte (Amicus curiae), con la finalidad de apoyar a la madre de José Antonio Elena Rodríguez –ultimado en 2012 por un agente de la Patrulla Fronteriza cuando se encontraba en Nogales, Sonora–, quien demanda una indemnización.

Conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la SRE recordó que Estados Unidos ha reconocido que ninguna persona puede ser privada de la vida arbitrariamente y, en caso de violación de las garantías fundamentales de una persona, ésta podrá interponer un recurso efectivo ante los tribunales.

En un comunicado, manifestó que en casos como el de Elena Rodríguez esas obligaciones subsisten, aun cuando las víctimas estén fuera del territorio del estado que ejercía control efectivo sobre éstas, de acuerdo con interpretaciones de órganos internacionales especializados en derechos humanos.

La SRE señaló que espera que la corte de apelaciones siente un precedente en favor de los familiares de víctimas de este tipo de incidentes y evite que se repitan.

Recordó que en ocasiones anteriores ha expresado a Estados Unidos su profunda preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza por agentes de control migratorio y ha trabajado en foros bilaterales para prevenir incidentes de violencia en la frontera.

Anunció que la embajada de México en Estados Unidos y el consulado en Nogales, Arizona, seguirá dando asistencia a la familia del menor para lograr que, en estricto apego al marco jurídico estadunidense y al derecho internacional, se haga efectivo su derecho a una compensación por el daño, resultado del uso indebido de la fuerza contra José Antonio Elena Rodríguez.

El agente responsable de la muerte del connacional es juzgado en Estados Unidos por homicidio en segundo grado.