a reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por el presidente de la República y por encargo del gobierno de Estados Unidos que actualmente se encuentra en el Senado, no persigue más que un solo fin, que es el de desincentivar la inversión extranjera al país, dado que pretende quitarle las ventajas competitivas laborales frente a otros mercados, en particular el estadunidense, derivado de que el costo de mano de obra se ha incrementado en China y en el país vecino.

Las modificaciones propuestas son consecuencia de la presión que ha recibido el presidente de Estados Unidos de sus industrias, principalmente la automotriz, para que México aplique leyes que no le permitan tener condiciones suficientemente competitivas.

Su intención velada es acabar con los contratos de protección, pero en realidad lo único que está fomentado es el sindicalismo artificial donde no es necesario ni requerido; si la intención fuera acabar con los contratos de protección, lo que deberían haber reformado es el emplazamiento de huelga por firma, es decir, en la actualidad cualquier empresa que no tenga contrato colectivo de trabajo puede ser emplazada a huelga por firma por cualquier sindicato de su materia o industria, y estallar el paro sin tener que acreditar absolutamente nada, ni siquiera tiene que conocer a uno solo de los trabajadores de la empresa.

Una vez estallada la huelga el patrón puede defenderse, pero evidentemente ya le generaron un daño, y con las reglas de recuento que ahora pretende imponer el patrón, por lo menos duraría tres semanas en paro antes de que pueda comprobar que sus empleados no están de acuerdo con el sindicato o que incluso lo desconocen.

La reforma debería incluir los mismos requisitos para presentar un contrato colectivo de trabajo, como condiciones previas para emplazar a huelga por firma, o por lo menos equivalentes.

El problema es que está fomentando el conflicto entre patrones y sindicatos, con la finalidad de sacarnos del mercado global. Aunque la reforma está disfrazada de buenas intenciones, la realidad es que gran parte de la industria nacional no requiere de un sindicalismo activo, y mediante las modificaciones a la ley del trabajo se estaría forzando la creación de uno que mermaría nuestra capacidad competitiva. Tenemos firmados muchos tratados comerciales, tenemos un mercado abierto y formamos parte de uno emergente que precisamente ofrece ventajas competitivas frente a otros, derivadas de la flexibilidad laboral.

Al aplicar dichas reformas a la Ley Federal del Trabajo únicamente fomentaríamos la corrupción de las autoridades que administran el registro de los contratos colectivos y el favoritismo de los mismos, propiciando el caos laboral y un sindicalismo artificial, además de darle dientes al Estado para tener en permanente sometimiento a la sociedad civil, en particular a los empresarios, al establecer normas que sean muy complicadas de cumplir y con unas penas exorbitantes para tenerlos callados y sometidos.

Consideramos que el promulgar esta reforma es equivalente a la firma de los tratados de Bucareli, donde nos comprometimos a atrasar industrialmente al país a cambio de obtener un reconocimiento como nación y de nuestros mandatarios, en este caso con la única finalidad de obtener un beneficio inmediato mediante las líneas de crédito internacionales, con las cuales ejerce presión Estados Unidos para que nos autoflagelemos. Esperamos que nuestros legisladores entiendan que tenemos que empezar a ser una nación que busca sus intereses a mediano y largo plazos y no vendiéndolas a cambio de un aparente beneficio inmediato.

* Abogado laboralista