Ciudad Juárez, Chih. El reportero gráfico Miguel Ángel López Solana, oriundo del estado de Veracruz, solicitó asilo político para él y su esposa en El Paso, Texas, por amenazas de muerte que recibió luego de que su madre, padre y hermano –estos dos últimos también periodistas– fueron asesinados. El abogado Carlos Spector informó en conferencia de prensa que este viernes hará también las peticiones en la ciudad de Houston. Miguel Ángel López, de 30 años, dijo que antes de solicitar asilo era fotógrafo para el periódico Notiver y La Jornada, y que decidió pedir el beneficio migratorio después de que varios de sus colegas y amigos cercanos fueron asesinados este mes. Recordó que el 20 de junio de 2011 su padre, madre y hermano fueron acribillados en su hogar. Su padre era Miguel Ángel López Velasco, de 55 años, un reconocido columnista de Notiver que regularmente escribía sobre política y seguridad. Su consanguíneo Misael López, de 21 años, también era fotógrafo en Notiver.

El subsecretario para asuntos de prensa de Estados Unidos, Mike Hammer, señaló que gane quien gane en las elecciones presidenciales del próximo primero de julio en México, el gobierno de su país está dispuesto a trabajar con ese nuevo presidente o presidenta y con ese nuevo gobierno. Al responder a una pregunta enviada a través de la cuenta oficial de Twitter @USAenEspañol, respecto a si los resultados de los comicios afectarán la política de Estados Unidos hacia México, el funcionario sostuvo que lo importante es que las elecciones se lleven a cabo en libertad y democráticamente. Hemos tenido muy buenas relaciones con el gobierno de Felipe Calderón, particularmente en cuanto a los esfuerzos por combatir el narcotráfico, el cual es un tema sumamente importante tanto para el pueblo mexicano como para Estados Unidos.

Ante las denuncias recurrentes de que en los procesos penales federales en contra de indígenas se violan los derechos procesales y humanos de los acusados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer amparos directos en los que se demanda la aplicación de un nuevo derecho en el proceso penal, en el que el indígena que sea procesado penalmente tenga garantizado contar un traductor y con un defensor con conocimiento de la lengua y cultura del acusado.