La Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso enfrascó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados en una disputa sobre la legalidad del proyecto de decreto enviado a la Secretaría de Gobernación para su publicación.

El PRI exhibió al presidente de la mesa directiva, el panista Óscar Martín Arce Paniagua, por haber solicitado la devolución del documento sin tener facultades para hacerlo.

Luego, el órgano legislativo obligó al panista a permitir que el trámite siguiera su curso con el fin de promulgar la norma.

Arce Paniagua se sometió a la disposición, aunque aseguró que el proyecto enviado al Ejecutivo por su antecesor en la presidencia de la mesa directiva, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, se realizó con una serie de inconsistencias que ponen en riesgo la promulgación.

Resaltó que no se incorporaron en su totalidad las reformas que se aprobaron en el Senado, particularmente las ocho reservas que el senador Tomás Torres hizo al dictamen enviado por la Cámara de Diputados, y que el documento hecho llegar a Gobernación contiene palabras que pueden confundir la lectura del texto jurídico.

Agregó que los legisladores basaron su votación en el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria, el cual no contenía lo aprobado por el Senado, y que una fe de erratas que presentó el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño, estaba incompleta porque no contiene los artículos reservados y en lo particular, una inconsistencia en el transitorio noveno, donde se menciona un artículo que es la base fundamental de la ley, y en el dictamen de la Cámara se menciona otro.

El PAN, en voz del diputado Bonifacio Herrera Rivera, dijo que la aprobación del proyecto de decreto se realizó el 30 de abril, último día de sesiones de la actual legislatura, y teníamos por desahogar 36 dictámenes ya aprobados por todas las comisiones.

Acusan al PAN y al sol azteca de doble moral

Desde temprano PRI y PAN intercambiaron acusaciones frente a medios de comunicación por la falta de transparencia en torno al estatus de la Ley General de Víctimas, al margen de una reunión de la Junta de Coordinación Política para conocer el trasfondo en el asunto.

Carta dirigida al secretario Alejandro Poiré en la que se comunica la aprobación por el Congreso de la Ley General de VíctimasFoto Notimex

El vicecoordinador de la bancada del tricolor, José Ramón Martel López, acusó a Arce y al secretario técnico de la mesa directiva, Luis Eduardo Espinoza –colaborar cercano de Acosta Naranjo–, de secuestrar la norma para retrasar su publicación, y aseguró que tanto el PRD como el PAN tienen una doble moral, porque se presentan ante las víctimas para expresarles su apoyo, pero se aliaron para dejar en el limbo esa norma.

A su vez, el coordinador del blanquiazul, Carlos Pérez Cuevas, acusó al tricolor de querer sacar raja política con este asunto para frenar la caída electoral de Enrique Peña Nieto.

Por el PRD nadie salió a defender a Acosta Naranjo en relación con los errores en el envío del proyecto de decreto. La coordinadora de la bancada, Telma Guajardo, se limitó a solicitar que a la brevedad se realice una reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con el fin de revisar el proceso en que se encuentra la ley.

Cuestionó que el presidente de la mesa directiva no les informara ni consultara nada acerca del tema.

En sentido similar, el PRI mantuvo sus críticas a Óscar Arce por solicitar a Gobernación, por conducto del secretario técnico, que devolviera a la Cámara de Diputados el proyecto.

Dicho documento fue entregado a Bucareli, y tres horas después de hacerlo Arce Paniagua pidió la devolución, para lo cual no está facultado.

El panista dijo asumir su responsabilidad y aseguró que no hubo la mala intención de querer detener la publicación de la norma. Sólo se pretende garantizar la inclusión correcta de las modificaciones, sostuvo.