En los años 60 y 70 hubo alrededor de 1,800 casos, contra 10 mil del gobierno actual
El fenómeno afecta principalmente a migrantes, jóvenes y defensores de derechos humanos
Viernes 1º de junio de 2012, p. 15
En el presente sexenio han ocurrido más desapariciones forzadas que en todo el periodo conocido como guerra sucia, ya que si en los años 60 y 70 hubo alrededor de mil 800 casos –la mayoría de ellos personas con algún tipo de militancia social–, en la actualidad se reportan alrededor de 10 mil, particularmente migrantes, jóvenes y defensores de derechos humanos.
Advirtió lo anterior Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, durante la presentación del informe 2012 sobre desaparición forzada, realizado por más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, donde se advierte que este fenómeno es más complejo hoy que hace unas décadas.
“En los últimos seis años se dio un salto cualitativo, y han ocurrido más desapariciones que en todo el periodo de la guerra sucia. A diferencia de entonces, cuando se afectaba a gente con algún tipo de militancia política, ahora es contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, además de migrantes y jóvenes”, señaló el activista.
Como publicó ayer La Jornada, en el informe se destacó asimismo que de enero de 2011 a febrero de 2012 se registraron 30 desapariciones forzadas de activistas de derechos humanos y luchadores sociales, la misma cantidad que ocurrió en los cinco años anteriores.
Nadín Reyes, del colectivo Hasta Encontrarlos, detalló que en 24 de los 30 casos más recientes se tiene la completa seguridad
de que son víctimas de desaparición forzada; de 16 de ellos no se ha vuelto a saber nada más hasta la fecha; seis fueron ejecutados y ocho fueron liberados, con huellas evidentes de tortura.
De acuerdo con este mismo documento, 37 por ciento de las desapariciones ocurrieron en Michoacán, 14 por ciento en Chihuahua y el resto en Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y el estado de México. Igualmente, se consignó que en 34 por ciento de los casos, los responsables de este delito fueron grupos paramilitares, seguidos por las policías municipales, el Ejército y la Marina.