n febrero pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, creó la figura del defensor público de los migrantes para garantizar que los grupos defensores de los migrantes tengan un respaldo para atender los justos reclamos en esta materia. En México todavía es día en que no se han podido publicar las últimas reformas que en materia migratoria realizó el Congreso de la Unión. El nombramiento recayó en Andrew Lorenzen-Strait como el primer defensor público del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En este contexto, María Puga –viuda del mexicano Anastasio Hernández, quien falleció tras una golpiza y descargas eléctricas de agentes fronterizos– pidió a Obama que se haga justicia, solicitando que se identifique y sancione a los responsables del acto bárbaro en el que nuestro connacional murió por la golpiza que le propinaron 20 agentes fronterizos el 28 de mayo del 2010, cuando estaba esposado y tirado boca abajo en un estacionamiento de San Ysidro a escasos metros de la frontera con Tijuana. El caso se conoció porque un joven filmó la agresión desde su teléfono celular y luego divulgó el video a través de YouTube y otros medios de comunicación.

Estos hechos llaman a dejar de postergar las decisiones necesarias para afrontar los temas relacionados con el fenómeno migratorio que permea las relaciones de una gran mayoría de países en el mundo, entre ellos el nuestro y el de los países de todo el continente americano.

Actualmente, no hay un solo continente ni región sin migrantes. De todos los países del planeta salen y en todos entran, en mayor o menor medida, ciudadanos de otros países, sean o no vecinos. La migración es un fenómeno mundial que se produce como resultado directo de las políticas neoliberales a escala planetaria y se encuentra estrechamente vinculada con la globalización de la economía y el comercio, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la comunicación y en general de todos los procesos sociales, lo cual ha generado nuevas corrientes migratorias que han propiciado una problemática sui generis que ha venido a transformar las relaciones diplomáticas y de diversa índole entre naciones y las relaciones sociales en el interior de las familias de los migrantes. Otras importantes migraciones ocurren por guerras, persecuciones políticas, étnicas, religiosas o desastres naturales.

Según la directora de la División de Población de la ONU, Hania Zlotnik, alrededor del globo hay 214 millones de migrantes, es decir, 3 por ciento de la población mundial ha abandonado su país para vivir en el extranjero, dijo en una conferencia que impartió en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

La cifra tiende a crecer permanente y rápidamente, si se considera que en 2001 había 175 millones y que para 2006 eran 191 millones de migrantes, de los cuales 61 por ciento se dirigió a países industrializados –fenómeno llamado migración norte– en los que, dicho sea de paso, las tasas de natalidad de la población nativa son tan bajas que la inmigración constituye la mayor fuente para el crecimiento de la población. Las principales naciones expulsoras de migrantes son asiáticas, latinoamericanas y africanas.

En el caso de México, nuestra nación es altamente exportadora de migrantes, la mayoría de los cuales tienen como destino Estados Unidos, país para el que los mexicanos son fundamentales.

De acuerdo con la funcionaria de la ONU, en 2005, de todos los migrantes que se trasladaron de un país en vías de desarrollo a otro poderoso, uno de cada cinco fue mexicano.

Los mexicanos residentes en ese país representan 32 por ciento de todos sus inmigrantes. Nuestro país resiente sensiblemente esta emigración, si se considera que la mayoría de los migrantes son jóvenes de entre 18 y 29 años y que en Estados Unidos radica alrededor de 10 por ciento de la población nacional, es decir, una décima parte de mexicanos de origen ha encontrado del otro lado de la frontera su medio de vida.

La realidad migratoria reclama que de inmediato se lleve a cabo la conjunción de esfuerzos y recursos institucionales, en tal forma que sea posible integrar las acciones del Estado mexicano para la protección de sus migrantes.

Es tiempo de crear una instancia especializada que permita atender en forma urgente la necesaria e inaplazable defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero.

Si bien la política migratoria no se puede circunscribir a la creación de este organismo, esto sería un paso trascendente en la creación de condiciones dignificadoras para quienes abandonan la patria en la búsqueda de una vida mejor. Una alternativa institucional viable es la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, perteneciente al Estado mexicano, unifique la acción de las instituciones que los atienden y tenga como finalidad la protección de los migrantes mexicanos.

Es un asunto de importancia vital que exista y se aplique la autoridad del Estado para garantizar la integridad de los migrantes en territorio nacional –como son los jornaleros agrícolas– y de los mexicanos en el extranjero, siendo necesario actualizar el derecho mexicano en esta materia.

La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de los emigrantes mexicanos en el extranjero, no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura gubernamental, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos, y de los extranjeros que transitan por nuestro país. Por ello, también debe terminar y legislarse sobre el abuso de la autoridad contra extranjeros en situación de paso por nuestro territorio, quienes principalmente provienen de Centro y Sudamérica.

En el extranjero, los mexicanos deben contar con el respaldo de una figura institucional mexicana que proteja los derechos que gobiernos extranjeros se niegan a reconocer, y que entran en conflicto con los derechos de que goza todo ser humano al margen de su circunstancial situación migratoria.