La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en contra de un arresto administrativo de 24 horas con la posibilidad de extenderlo a 36 horas, derivado de un laudo laboral. La segunda sala del máximo tribunal resolvió que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual hizo el apercibimiento al jefe de Gobierno, no tiene facultades para imponer ese tipo de medidas cautelares, sino que únicamente puede imponer multas hasta por mil pesos. El asunto se inició en 2002, cuando la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo en el juicio laboral 3207/00, en el que condenó al entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, a reconocer la plaza de base de profesional en administración a una persona que laboraba en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una investigación en contra de funcionarios del anterior gobierno del estado de Chihuahua por hechos probablemente constitutivos de delitos electorales por descuentos aplicados en los salarios de las y los servidores públicos de esa entidad en beneficio de un partido político. El organismo de la Procuraduría General de la República indicó que la denuncia fue presentada de manera formal ante la Fiscalía Especializada e indica que, durante 2015, se realizaron retenciones salariales indebidas a más de 700 servidores públicos de diversas dependencias de la administración pública del gobierno de Chihuahua, las cuales supuestamente fueron destinadas para apoyar a un partido político.

El Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) iniciará en 2017 el otorgamiento de créditos hipotecarios con base en un sistema de puntos, similar al del Infonavit, en el que para la asignación del préstamo se tomará en cuenta la antigüedad del trabajador, ubicación de la vivienda a adquirir y si el solicitante es mujer jefa de familia.

Los trabajadores de tiendas de conveniencia, cadenas de autoservicio y departamentales recibirán cursos de capacitación para evitar la venta de alcohol y cigarros a menores de edad, lo cual es un delito previsto en la ley. Lo anterior es parte del convenio de colaboración que firmaron la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad). También se prevé que los encargados de esos negocios se conviertan en colaboradores para prevenir y vigilar el consumo nocivo de alcohol, explico el titular de Conadic, Manuel Mondragón y Kalb. Dijo que se realizarán cursos y talleres que convertirán a los empleados en promotores voluntarios. El convenio suscrito por Mondragón y el presidente ejecutivo de la Antad, Vicente Yáñez Solloa, incluye a 104 cadenas asociadas, de las cuales 34 son de autoservicio, 17 tiendas departamentales y 58 especializadas o de conveniencia para un total de 48 mil 550 establecimientos. El funcionario destacó el impacto de estas medidas en negocios que son muy cercanos a la población. Ahí es donde se debe poner especial atención en la venta de bebidas alcohólicas, puntualizó.

El presidente Enrique Peña Nieto se mostró convencido de la labor que deben desarrollar México y Estados Unidos: Seguir trabajando juntos para ser más productivos y competitivos, generar mayor crecimiento y creación de empleos.

El bloque de gobernadores emanados del PRD que hace unos días demandó piso parejo rumbo a la definición de la candidatura presidencial, se reunió ayer con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la dirigente nacional del instituto político, Alejandra Barrales.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, aseguró que están abiertos a la posibilidad de un frente amplio opositor con presencia ciudadana para 2018, como planteó el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a los juicios derivados de la elaboración y muestra del documental Presunto culpable; el último de ellos lo resolvió hoy al negar un amparo a Víctor Daniel Reyes Bravo, quien apareció en la cinta como testigo. La segunda sala le negó la razón en la querella contra Roberto Hernández y Layda Negrete, director y productora, respectivamente, así como de la cadena de cines que distribuyó y exhibió la cinta, a los cuales acusó de haber utilizado indebidamente su imagen sin su consentimiento. Con el voto en contra de Jorge Pardo Rebolledo, la sala señaló que la información relacionada con el demandante es de interés público, por tratarse de un proceso penal público.