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Legislar la cultura
Vianka R. Santana
Al interior del Senado de la República, las comisiones para el desempeño legislativo pueden representar una valiosa posibilidad para quienes han llegado con un proyecto y una convicción de trabajo definida, mientras que para otros puede tratarse de espacios coyunturales para sustraerse de un encargo institucional que debiera ser ineludible.
Así, dentro del amplio espectro de las comisiones ordinarias y especiales, la Comisión de Cultura se antoja como un escaparate. Prueba de ello son iniciativas provenientes de algunos senadores, que llegan a rayar en la obviedad; iniciativas como la de “preservar las lenguas indígenas” (presentada por la Comisión de Educación durante el período septiembre-diciembre de 2007), que si bien conlleva una noble preocupación, revela un desconocimiento de lo ya legislado sobre el tema, como la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13/ III /2003), o bien el desconocimiento de los alcances del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, signado por México hace cuarenta años.
En lo correspondiente a los dictámenes aprobados, en los reportes oficiales del propio Senado, es fácil advertir que son pocas las iniciativas de la Comisión de Cultura que han alcanzado un carácter aprobatorio. Durante el período ordinario de septiembre a diciembre de 2007, y en una relación de 221 dictámenes, hay referencia solamente a cuatro provenientes de comisiones afines a la cultura: el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural con Botswana (turnado al Ejecutivo en calidad de instrumento internacional), presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Educación y Cultura; la iniciativa que dio origen a la desincorporación de Notimex (por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía); la reforma al artículo 7 constitucional y la preservación de las lenguas indígenas, presentadas por la Comisión de Educación.
Es en el período ordinario de febrero-abril de 2007, donde de entre 207 dictámenes se ubican sólo tres provenientes de la Comisión de Cultura: el Programa de Nivelación Salarial para profesores del sistema cobach , la propuesta de Museo Interactivo de Cinematografía, y el acuerdo para revisión de la situación de la Biblioteca Vasconcelos.
Esto pone de manifiesto no sólo la lentitud con que se lleva el seguimiento de las propuestas provenientes de las comisiones, sino también evidencia lo escaso de las iniciativas en materia cultural.
Sin embargo, al interior de las Comisiones de Cultura del Senado, así como de la Cámara de Diputados, hay hombres y mujeres que se han ocupado en establecer diagnósticos certeros y hacer propuestas articuladas con los debidos referentes jurídicos. Tal es el caso de la senadora María Rojo Inchaustegui (presidenta de la Comisión), quien ha suscrito numerosas iniciativas entre las que cabe destacar:
1. El Decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre producción y servicios, en relación con la exhibición pública de películas. Dicho Decreto plantea un impuesto que ayudaría a reforzar la industria cinematográfica mexicana.
2. La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4 constitucional y propone la creación de la fracción XXIX del Art. 73 del propio ordenamiento, para la Atribución del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases del derecho de Acceso a la Cultura.
3. Y acaso la más relevante: la Reforma al Art. 90 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso, que permitiría establecer a la Comisión de Cultura como órgano separado de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
La aprobación de esta iniciativa abreviaría los procesos y facilitaría una legislación oportuna. Es preciso acotar que la senadora Rojo –acaso por su vinculación profesional con el ámbito del arte y la cultura– ha suscrito propuestas en las que se advierte un elemento común: el diagnóstico y la consulta ciudadana. Sin embargo, existen otras propuestas (aunque ciertamente aisladas) provenientes de otros grupos parlamentarios, como la del Proyecto de Decreto presentado por la senadora Martha Leticia Rivera, en la que se adiciona un tercer párrafo al Art.61 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Finalmente, en el balance de resultados del primer y segundo año de ejercicio de la Comisión de Cultura en el Senado, así como de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados (presidida por Emilio Ulloa Pérez e integrada por veintiséis representantes de los diferentes grupos parlamentarios), se advierte la urgencia de establecer canales de interlocución con la sociedad civil, a fin de que las propuestas, iniciativas y proyectos de reformas a la ley se apeguen a las necesidades inmediatas de un ámbito que imprime sentido y noción al devenir histórico de un pueblo: la cultura.
En los próximos días tendrá lugar la segunda comparecencia ante la Cámara de Diputados del Director de Conaculta Sergio Vela, quien esta vez no ha sido convocado para presentar un informe sobre la Biblioteca Vasconcelos, sino para rendir cuentas sobre el ejercicio presupuestal y explicar por qué las transferencias para aportaciones y fideicomisos, la partida de asignaciones adicionales a sueldo y el rubro de donativos, se dispararon sorprendentemente. El 12 de marzo ante el pleno de la Cámara deberá justificar un subejercicio de 400 millones de pesos, el sobregiro de un treinta por ciento en el presupuesto general, y presentar el programa nacional de cultura para 2008.
Legislar sobre los diferentes aspectos de la cultura implica no sólo un ejercicio de diagnóstico, consulta o revisión de los referentes jurídicos, sino también un compromiso y una responsabilidad ineludibles, puesto que la cultura es la suma de todas formas de interacción social, económica y política, el signo bajo el cual persiste la identidad de una nación y sus paradigmas.
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