n su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expusieron en toda su crudeza y complejidad uno de los peores agravios padecidos por la sociedad mexicana en los tiempos recientes: los alrededor de 40 mil casos de desaparición forzada, la gran mayoría de los cuales sigue a la espera de esclarecimiento, justicia, reparación del daño, castigo a los culpables y garantía de no repetición.

a necesidad de ofrecer resultados inmediatos ante la crisis de inseguridad y violencia que México enfrenta, está por generar una serie de reformas constitucionales que, de concretarse, trivializarán el papel de nuestro máximo ordenamiento y contravendrán decisiones políticas fundamentales contenidas en el mismo, como la preminencia de los derechos humanos, el acotamiento de atribuciones y la subordinación de las instancias militares a las civiles, así como la existencia de un bloque de constitucionalidad en el que los tratados internacionales, así como la jurisprudencia y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos, son obligatorias para el país.

l 7 de enero comenzó en Michoacán una potente movilización magisterial, que hoy parece haber cambiado de terreno. Usualmente, los paros indefinidos en esa entidad arrancan con la participación de 30 o 40 por ciento de los maestros y luego se extienden al resto de las escuelas y centros de trabajo. Sus formas de lucha se van escalonando de menor a mayor beligerancia. Sin embargo, en esta ocasión la dinámica fue distinta. Casi desde el primer momento la suspensión de actividades fue masiva y sus acciones explosivas. Los docentes bloquearon vías del tren y ocuparon las oficinas recaudadoras de rentas los municipios

l pasado 24 de enero, Amnistía Internacional (AI) presentó en la ciudad de Chihuahua el informe Entre balas y olvido: ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la sierra Tarahumara, el cual analiza la falla del Estado mexicano en ofrecer protección efectiva a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente en esa región, el impacto para la comunidad indígena rarámuri Coloradas de la Virgen, localizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, a más de 10 horas de la capital del estado. El informe se enfoca en el asesinato, en su comunidad, del líder indígena Julián Carrillo, quien contaba con medidas de protección, desde 2014, brindadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, debido a que había sido víctima de amenazas y hostigamiento en relación con la defensa de los derechos humanos y de su territorio ancestral, incluso cinco de sus familiares más directos fueron asesinados, entre ellos su hijo, Víctor Carrillo, en 2016, aproximadamente un mes después de la publicación de una sentencia favorable a la comunidad, en que el Tribunal Agrario suspendió permisos para la tala del bosque de Coloradas de la Virgen, cuya trayectoria jurídica aún está abierta con el ejemplar acompañamiento de la organización Alianza Sierra Madre y el informe de AI.

na normatividad guiada por una intención noble ha traído efectos indeseables para la ciencia y la tecnología que requieren de la mayor atención y soluciones a corto y mediano plazos. La austeridad republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene como propósito poner alto al despilfarro de los recursos gubernamentales y limitar los elevados sueldos de funcionarios. Pero la aplicación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos derivada de esa política ya está provocando daños en sectores muy distintos a los que se busca corregir, pues ha ocasionado la reducción del salario neto de los investigadores (en 20 por ciento o más) y otros perjuicios en instituciones claves para el desarrollo científico y tecnológico del país.