orena tomó con rapidez inusitada las riendas del gobierno. Entre los mil asuntos de su vorágine, está ahí, como no podía ser de otra manera, el ancestral problema del abismo insondable entre el país previsto por la Constitución y las leyes, y las prácticas del poder político y las de la población.

Cuando se busca una Cuarta Transformación, la justicia, por necesidad, debe ser pensada como transicional. Las metas y los tiempos de la transición en el tema del estado de derecho, si existen (supongo que no), no han sido expresadas. Se trata de dos largos caminos con ritmos de avance distintos, por un lapso muy superior al del suspiro de un sexenio: el de los cambios en el vasto aparato jurídico, y el de hacer efectivo su cumplimiento: tanto por los poderes del Estado, como por una sociedad que históricamente sólo ha recibido como lección la pedagogía de eludir unas normas violadas en primer lugar por los poderes del Estado: si hay grandes huachicoleros de cuello blanco, por qué no la población también puede robar en su nivel; o, la CNTE: está claro, tiene permiso para bloquear unas vías como instrumento de lucha salarial, violando abiertamene la ley.

El presidente López Obrador ha pronunciado mil veces, con vehemencia, los apotegmas de José María Iglesias Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, y el de Benito Juárez, Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho, que no se compadecen con las muy lejanas realidades de las prácticas vivas del Estado y de la sociedad. Pasar de ese estado de cosas, al de la vigencia de un estado de derecho, reclama una ardua, titánica tarea.

La sociedad necesitaría ver los primeros pasos. Seguramente se podrían dar en el camino del cumplimiento de la ley, antes de ver grandes cambios en la misma. Pero por ahora, resulta confuso oír expresiones de principios tan robustos como los de Iglesias y Juárez, y sólo mostrar condescendencia con el robo de Tlahuelilpan, o con el bloqueo de vías en Michoacán; o expresar con firmeza que la historia de la corrupción inaudita terminó con el gobierno de Peña Nieto, y que con el de Morena empieza la historia desde cero. El gran riesgo político de Morena es tener enfrente una sociedad viendo a la par una política rigurosa cuidando las manos del personal del gobierno, mientras también empieza la era de la impunidad declarada para esa corrupción que despojó, como en despoblado, los bienes y recursos de la nación. Ese inmenso riesgo, el de ver cómo la corrupción se vuelve impunidad, puede ser una nueva lección de pedagogía sobre la vigencia de una práctica válida: violar la ley, se vale, y es redituable.

Todos, o los más, debiéramos hacernos cargo de la inmensa dificultad que entraña limpiar una corrupción inicua, avasalladora y ubicua. Todos, o los más, podemos hacernos cargo de que se trataría de una tarea inmensa, de magnitud sin precedente, que exige una dirección política estratégica absolutamente singular. Pero las expresiones de borrón y cuenta nueva señalan que no tendrá lugar. Y el riesgo no puede ser sino la pedagogía de la ilegalidad.

Esa inenarrable corrupción y las vastas zonas de la vida pública y privada incurriendo en la ilegalidad, no son ajenas al Poder Judicial. Y este asunto tampoco tiene lugar en la Cuarta Transformación. Se trata de un poder menor que el Ejecutivo o el Legislativo. En Francia, por ejemplo, se le llama autoridad judicial.

El Poder Judicial tiene, por necesidad, un origen político. La Suprema Corte (SC) se conforma por la elección del jefe del Ejecutivo y del Senado, el Consejo de la Judicatura (CJ) por la elección de la SC, el Senado y el jefe del Eecutivo, y el CJ designa a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito. Un árbol con conexión política de origen con los grupos partidistas.

En una democracia activa, los ciudadanos desalojan a los ocupantes del Ejecutivo y del Legislativo cuando no responden a sus expectativas. Eso no ocurre con el Poder Judicial. Y así se origina y mantiene una historia del todo oscura para la sociedad. Con muchas reformas posteriores, el actual sistema judicial se creó en 1994. Al día de hoy no existe una evaluación sobre este poder cuyo desempeño permanece oculto a la ciudadanía.

A veces salen a la luz pública historias de corrupción, como en cualesquiera otras zonas de la sociedad, o historias sobre los inconmensurables retrasos en la impartición de justicia. Nada sabe tampoco la sociedad sobre qué resuelven y en qué sentido resuelven. La sociedad no tiene ningún control sobre su gestión, a diferencia del control democrático que puede ejercer sobre los poderes que constituyen la piedra angular de la conformación del Estado.

A pesar de las historias oscuras señaladas, a los señores letrados que pueblan el Poder Judicial no les pasa nada nunca. Su poder fundamental es su opacidad y ajenidad completas respecto a la sociedad y su vínculo con los partidos políticos.

Morena debiera pensar en estos temas mayores.