Elecciones 2018

Las denuncias legales contra Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aún siguen vigentes. Desde varías vías, dichos litigios han tratado de ejercer presión como una forma de cooptarme o de quitarme del camino, dijo el ex funcionario federal. Aseguró estar convencido de que no violó ley alguna y que el país se encuentra en el ocaso de un régimen político que se ha caracterizado por la impunidad y la corrupción. Me siento decidido a enfrentar al gobierno federal en cualquier escenario jurisdicional o de cualquier tipo, en virtud de que creo que es responsabilidad de todos velar por la democracia, y este gobierno ha sido particularmente tendencioso, apuntó. El caso más relevante que investigó al frente de la Fepade se originó tras dos denuncias relacionadas con la empresa Odebrecht –entre agosto y octubre del año pasado– en el que se indagó un posible flujo de 16 millones de dólares a las campañas del PRI en 2012 y 2015.

El gobierno de Estados Unidos asignó a 24 miembros de la Guardia Nacional en cuatro de los cinco puertos de entrada de California con México como parte de la Operación de Apoyo Guardián (OGS). El operativo incluye el despliegue de tropas de la Guardia Nacional al Puerto de San Diego, donde fueron destacamentados 108 elementos este lunes y se espera la llegada de otros 106 en unas semanas.

En los últimos 11 años, organizaciones de la sociedad civil han documentado 151 casos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada, lo cual deja ver la existencia de una política represiva mediante la cual las víctimas son desaparecidas por su forma de pensar, su participación política o por organizarse para exigir justicia y vida digna.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 14/2018 al Instituto Nacional de Migración (INM) por el caso de tortura contra un indocumentado salvadoreño, quien también fue víctima de detención arbitraria, amenazas y violaciones al derecho a la protección de su salud y la seguridad jurídica. La comisión documentó que el 31 de octubre del año pasado, la víctima acompañó a un ciudadano hondureño a la estación migratoria en Mexicali, porque éste deseaba entregarse voluntariamente para ser repatriado a su país; sin embargo, los agentes del INM también trataron de detenerlo, por lo que huyó del lugar. El denunciante fue perseguido y sometido por un policía federal y dos guardias privados, quienes lo golpearon. Fue agredido nuevamente y trasladado a una celda, a pesar de que estaba malherido. Luego de suplicar atención, fue revisado por otro servidor público, quien le indicó que tenía fracturada una costilla, pero no le realizó estudio alguno y aunque le recetó un analgésico, no se lo suministraron.