ermán Feliciano Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, acostumbraba llamar y todavía lo sigue haciendo, al ex secretario del Trabajo de Felipe Calderón, el nefasto Javier Lozano Alarcón, como su gato y constantemente ha presumido que puede hacer lo que se le pegue su gana con él. Lozano por su parte se ha encargado siempre de demostrar que sí lo es y que está bajo su control y dominio por los intereses amafiados creados entre el amo y señor, con su esclavo. Seguramente hay fuertes compromisos monetarios que los unen y, muy en especial, ligas que atan a ambos sujetos para ser capaces de atacar a sus enemigos en una forma tan abyecta y sin escrúpulos.

Desde hace por lo menos 30 años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, se convirtió en una especie de pago al sector empresarial, por las contribuciones y apoyos financieros a las campañas políticas de los partidos.

Desde entonces, prácticamente todos los secretarios del Trabajo de México, algunos subsecretarios y presidentes de las juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje se convirtieron en su objetivo y su botín para controlar a los trabajadores y a los sindicatos. Lo mismo han hecho con la Procuraduría General de la República (PGR), su titular y subprocuradores, para criminalizar a los líderes sociales, y también en algunos casos con las secretarías de Economía y de Hacienda para obtener fácilmente ilimitadas concesiones mineras y de otros recursos naturales del subsuelo nacional, así como deducciones fuertes o devoluciones injustas de impuestos fiscales.

Facilidades y regalos que, por cierto, ningún otro país del mundo le proporciona a la clase empresarial en esa exagerada proporción. De ahí las grandes fortunas que se han generado en México cada sexenio, donde actualmente existen más de 20 empresarios que se encuentran entre los multimillonarios más ricos del planeta, según consigna la revista Forbes. Así es que cualquier amenaza de sacar sus inversiones y recursos del país si no les conceden lo que piden, es puro chantaje, ya que ni se pueden llevar los suelos y montañas, ni hay otra nación del mundo que les otorgue tantos privilegios.

De esta manera se encuentran sellados los nexos entre el poder económico con el político y el dominio del primero sobre el segundo es cada vez más evidente. Es más, muchos de los que integran el gobierno y el Congreso de la Unión son empleados a su servicio, propuestos y protegidos por las mismas corporaciones y cámaras de los hombres de negocios, que por eso se autocalifican arrogantemente como los dueños de México.

Por otro lado, tenemos un país con una población mayoritaria que vive en la pobreza, una enorme desigualdad, los salarios más bajos que existen en el mercado, una corrupción de las mayores en el mundo y una inseguridad sin precedente. México es el país de los contrastes más dramáticos de América Latina y los miserables empresarios y gobernantes lo han convertido en una nación frustrada, con una auto estima muy baja y una pésima imagen en el exterior.

Todo lo anterior ha crecido de la mano de una mayor discriminación contra las clases y sectores más humildes de la población, a la vez que un autoritarismo, prepotencia y represión a los derechos humanos que no se habían visto jamás a ese grado entre los mexicanos.

A los de arriba, eso les ha hecho sentir que pueden controlar y disponer a su antojo de la riqueza nacional y a través de una serie de despachos de abogados, contactos políticos, corruptelas, complicidades de medios de comunicación y periodistas, donde sin embargo hay honrosas excepciones, así como títeres sindicales y traidores que viven de la corrupción y del chayote. Los ricos han logrado dominar a un gobierno cada vez más débil y sometido por esos intereses particulares.

Como un claro ejemplo tenemos el anuncio que hizo la semana pasada esa mafia empresarial de una supuesta condena al Sindicato Minero de restituir o pagar a un pequeño grupo de trabajadores patrocinado por los grupos empresariales México, Peñoles, Acerero del Norte y Villacero, un fondo de 54 millones de dólares que pertenecen al Sindicato Nacional de Mineros y no a trabajadores individuales como les han hecho creer a estos, manipulando el engaño en la Junta Local número 10 de Conciliación y Arbitraje, bajo el mando y la instrucción previa y precisa del actual secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián.

Campa declaró que él no conoce a Larrea personalmente, pero no aclaró lo bien que le sirve a sus intereses. Así actuó ilegalmente, confundiendo a pequeños grupos de la opinión pública que se dejaron engañar, y lo hizo con una total y descarada perversidad, pero con la real intención de confirmar el control absoluto de Larrea y algunos otros empresarios cómplices sobre las decisiones del gobierno a través de sus nuevos gatos, como los siguen clasificando.

A nadie engañan, pero menos a los cientos de miles de trabajadores y sus familias que desde hace muchos años se dieron cuenta de la sumisión, la bajeza y la podredumbre que existe entre los poderes económico y político de México.

Siguiendo el ejemplo anterior que ilustra lo que sucede en México con la corrupción, los mineros no se dejan controlar ni engañar más, pues tienen  una gran inteligencia y dignidad, y una calidad humana de las cuales carecen los que saquean al país diariamente. ¿Por qué algunos de esos gatos aceptan el puesto que les ofrecen, si no son capaces ni honestos para gobernar respetando el estado de legalidad y los derechos humanos de los mexicanos? ¿Será que sienten pasos de que México va a cambiar y que los priístas no volverán a ocupar puestos públicos en muchos años y por eso están desesperados, sin ética ni moral, tratando de protegerse por medio de sus fondos de retiro, producto de las transas, el encubrimiento la arbitrariedad y el tráfico de influencias?

En el caso de la reciente resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje No. 10 contra el Sindicato Nacional de Mineros, tenemos conocimiento de que el expediente respectivo se lo llevaron  a Los Pinos con el objeto de no admitir las pruebas de los mineros, tal como una carta de Germán Feliciano Larrea de agosto de 1990 dirigida a un juez de Hermosillo, Sonora, donde aquel sujeto como apoderado jurídico de Grupo México y de su padre Jorge Larrea, le advierte al juez que los recursos de 5 por ciento son únicamente del sindicato y no de los trabajadores para evitar cualquier confusión. Que además dichos fondos provienen del compromiso que adquirieron los Larrea cuando se privatizaron las minas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre de Nacozari, Sonora, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Ni siquiera esto detuvo a los nuevos gatos en el gobierno, ni a Enrique Peña Nieto ni a Larrea ni a aquellos que controla el capo mayor, el innombrable, para cometer otro abuso y arbitrariedad ilegal que llevaba mensaje al tribunal electoral, para influir en su próxima resolución sobre la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al Senado de la República por el partido Morena. De ese tamaño está el nerviosismo, el pavor y la agresividad de los enemigos del pueblo de México.