El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) manifestó su inquietud por la falta de nombramiento del fiscal y los magistrados especiales anticorrupción, y llamó a explorar posibles reformas legales para evitar que quienes ocupen estos cargos puedan ser capturados por intereses políticos.

En su primera sesión abierta el público, los integrantes del CPC señalaron que no contar con el fiscal ni con los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha generado que en la integración de diversos organismos del SNA falte una de las piezas centrales.

A los puestos más importantes de la administración pública “muchas veces llegan personas con agenda privada, personal, llegan ‘capturados’ y hacen inservibles las instituciones. Se requiere que quienes lleguen al SNA sean personas honestas y capaces, pero también independientes, para que no les dicten desde arriba lo que tienen que hacer”, señaló Luis Manuel Pérez de Acha.

Por su parte, Irene Levy advirtió que existen incentivos para que se hagan las designaciones faltantes en el SNA o se den a modo. Un ejemplo de ello es que, según un artículo transitorio de la ley del sistema, el fiscal anticorrupción ya sólo podría ocupar su puesto hasta el 3 de noviembre de este año.

La utilidad de un fiscal que entre ahorita es igual a cero, salvo que se busque que tape o desaparezca expedientes, dijo.

De igual forma, Levy estimó que el nombramiento hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de los 18 magistrados anticorrupción del TFJA está viciado de origen, pues las designaciones no estaban acompañadas por una justificación de la idoneidad de los jueces propuestos.

En la misma sesión, el CPC aprobó un acuerdo para solicitar al secretario ejecutivo del SNA que revise los alcances de la fracción quinta del artículo 21 de la ley del sistema, que actualmente limita el acceso a información confidencial o reservada, como en el caso de la triangulación de recursos entre organismos gubernamentales y universidades, conocido como la estafa maestra o los episodios de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

De igual forma, el CPC llamó a crear una propuesta de modificación de la Ley General de Contrataciones, Obras Públicas y Adquisiciones para evitar que se repitan casos de malversación de fondos, y estudiar un recurso para declarar la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que hace posible la utilización discrecional del llamado ramo 23.