Chilpancingo, Gro. El gobierno del estado pagó 300 mil pesos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por las 20 armas que elementos del Ejército y la Marina decomisaron el pasado 5 de mayo en Acapulco a miembros de dicha organización, cuando fueron detenidos. Autoridades de las cuatro casas de justicia de la CRAC se reunieron ayer en Casa Guerrero con funcionarios estatales y federales. En la reunión se instaló una mesa de diálogo donde la coordinadora presentó un pliego petitorio de 14 puntos. Los coordinadores de la organización se comprometieron a entregar el próximo lunes las armas que decomisaron a policías municipales de San Luís Acatlán y Malinaltepec, en respuesta a la detención y el decomiso de dos camionetas, sus armas y pertenencias personales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto para conseguir una educación de calidad para los niños y jóvenes del país.

Un grupo de indígenas tlapanecos (me’phaa) interpuso una demanda contra la empresa Agroger del Évora, con sede en Guasave, Sinaloa, para reclamar el pago del salario adeudado por tres meses de trabajo como jornaleros agrícolas, lo cual evidencia que siguen existiendo diversos abusos en contra de dichos empleados, pero también mayor organización para exigir sus derechos, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El colectivo informó que el pasado 25 de febrero 37 hombres y mujeres originarios del pueblo de Santa María Tonaya, en el municipio guerrerense de Tlapa, presentaron la demanda ante la Junta Especial Número 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, para exigir el pago de 163 mil 568 pesos. Los indígenas fueron contratados para trabajar en la siembra y corte de calabaza con un sueldo diario de 135 pesos, que se les pagaría de forma semanal. Durante mes y medio la empresa agrícola cumplió, pero a partir del 5 de febrero de 2011 dejó de cubrir los salarios correspondientes, alegando que las fuertes heladas habían perjudicado sus ganancias. Tres meses después, la compañía dijo a los jornaleros que ya no había trabajo y debían retirarse, sin dar mayores explicaciones, a pesar de que se había comprometido a reanudar el pago de sueldos en cuanto se vendieran sus productos.