La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el financiamiento público que reciben los partidos políticos es embargable y ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) que retenga al Partido de la Revolución Democrática (PRD) 25 millones 134 mil 634 pesos para cubrir el pago de diversas facturas y servicios correspondientes al proceso electoral de 2006.

Por mayoría de tres votos contra dos, los ministros de la primera sala cuestionaaron a los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber intervenido en este asunto, después que un tribunal colegiado resolvió que el IFE embargara parte del financiamiento del PRD para pagar sus adeudos, consistentes en 11 facturas por servicios relativos a tres asambleas informativas y 47 días de plantón en el Zócalo capitalino, en el contexto de las acciones contra los resultados de la elección presidencial de ese año.

Después de que el tercer tribunal colegiado le dio la razón al quejoso Rafael Goycoolea Incháustegui, el PRD interpuso un recurso ante el IFE para que éste no diera cumplimiento a la orden judicial de embargar sus partidas.

El instituto, a su vez, turnó el asunto al TEPJF, el cual indebidamente, según la resolución avalada por los ministros Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resolvió la inembargabilidad del financiamiento público de los partidos.

Ante la contradicción de criterios, los ministros dejaron en claro que la sentencia del tribunal federal tenía la calidad de cosa juzgada, por lo que era irrelevante analizarla.

Con la oposición de los ministros Jorge Pardo y Olga Sánchez Cordero, la primera sala de la SCJN ordenó al juez de la causa que materialice el embargo del financiamiento público del PRD, para lo cual deberá auxiliarse del IFE, que por ser la autoridad encargada de la administración de los recursos de los partidos, es la mejor calificada para determinar la medida en que han de hacerse las retenciones, ya sea en una sola exhibición o en varias, según lo considere adecuado.

Inicialmente, el PRD fue denunciado por no pagar 7 millones 383 mil pesos más un monto de 6 por ciento anual.

Finalmente, cuando el tercer tribunal colegiado confirmó la sentencia contra el PRD, la suma ascendió a más de 25 millones de pesos por el pago de las 11 facturas que presentó el quejoso por servicios prestados prestados a ese instituto político durante la elección presidencial de 2006 y los 47 actos de desobediencia civil a los que convocó entonces Andrés Manuel López Obrador, candidato perredista a la Presidencia de la República.