na cincuentena de empresas privadas, en su mayoría de telecomunicaciones, se han beneficiado con contratos para el usufructo de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De tal forma, los particulares pueden valerse del entramado de la paraestatal –que actualmente tiene una extensión de 34 mil 590 kilómetros y es la segunda más grande del país, después de la de Teléfonos de México– para ofrecer servicios de transmisión de voz, datos e imagen.

esde que en 1977 se inauguró el ciclo de la reforma política, ésta siempre ha carecido de un consenso generalizado. Nunca satisface a todos y, más bien, con nadie queda bien. Recuerdo que, desde la izquierda, la de 1977 fue calificada despectivamente como una reforma electorera. Todas las reformas han sido incompletas o limitadas. Debería entenderse que en un régimen constitucional de normal funcionamiento no hay reforma que pueda ser completa. Sólo un Congreso Constituyente es capaz y, por cierto, no siempre, de dar una reforma total del Estado.

reo que todos esperábamos que el horror de la masacre de San Fernando, de septiembre pasado en Tamaulipas, no se repitiera. Con 72 cadáveres a cuestas, el repudio nacional, el escándalo internacional y el asombro generalizado eran de esperarse que el incidente no volviera a suceder. Más aún cuando el 8 de septiembre, el vocero del gobierno federal, Alejandro Poiré, anunció la captura de siete implicados en la masacre, de los cuales cuatro presuntos pistoleros fueron detenidos el 3 de septiembre luego de un enfrentamiento con elementos de la Armada mexicana y posteriormente fueron detenidos otros tres presuntos delincuentes también involucrados. Sin embargo, el 10 de septiembre, el presidente Felipe Calderón anunció la captura de ocho sujetos y la muerte de seis participantes en la masacre. Lo que, a pesar de que las cuentas no cuadran, parecía indicar que el asunto había quedado resuelto.

in duda que la mejor y más clara defensa del maíz criollo contra los transgénicos sería –como plantea la prestigiosa ecologista Silvia Ribeiro en un artículo del 26 de marzo en La Jornada– una ley o un simple decreto que los prohibiera, por peligrosos, en todo el país. Pero a ese fin se debe y puede llegar con luchas y conquistas parciales, porque las casas se van levantando desde los cimientos, que son tan importantes como la colocación de la última teja en el techo.

n nuevo documento apareció en mi paquete de correo llegado de Londres esta semana. Se llama Tuits desde Tahrir. Suspiré con disgusto, reacción natural en alguien que detesta a los tuiteros, los feisbuqueros y de hecho a toda la maldita cultura de Internet, que deseduca al mundo y enseña a todos a escribir las palabras más simples con faltas de ortografía. Pero estaba equivocado: es una selección profundamente conmovedora de los miles de tuits enviados desde la plaza Tahrir de El Cairo: un registro de la valentía de los ciudadanos, jóvenes sobre todo, que se enfrentaron a la legión de sicarios y esbirros del régimen de Mubarak. Permítanme darles una probada.

iense que usted es el dueño de Cargill, la mayor empresa privada norteamericana que controla –más o menos– la mitad de la comercialización de granos del mundo, y llega el fin del mes. -¡Que lata, otra vez a reunirme con los contables –pensará– para que me cuenten cifras y datos que apenas entenderé, en lugar de estar montando a caballo en el Club. Enciende el puro, se sienta en su despacho y manda llamar al jefe de cuentas. Más o menos le explicaría algo así:

toda hora oímos en la tele, radio, prensa, declaraciones de lo bueno que es leer, promovidas por el Consejo de la Comunicación; vemos y oímos a personajes de los medios recomendándonos leer, sin que ofrezcan sensación de confianza. Daría la impresión de que lo único que leen habitualmente es el guión que les ponen enfrente. No hay mayores emociones, no hay mayor sensación de credibilidad, no hay mayor concreción en sus propuestas.