reo que todos esperábamos que el horror de la masacre de San Fernando, de septiembre pasado en Tamaulipas, no se repitiera. Con 72 cadáveres a cuestas, el repudio nacional, el escándalo internacional y el asombro generalizado eran de esperarse que el incidente no volviera a suceder. Más aún cuando el 8 de septiembre, el vocero del gobierno federal, Alejandro Poiré, anunció la captura de siete implicados en la masacre, de los cuales cuatro presuntos pistoleros fueron detenidos el 3 de septiembre luego de un enfrentamiento con elementos de la Armada mexicana y posteriormente fueron detenidos otros tres presuntos delincuentes también involucrados. Sin embargo, el 10 de septiembre, el presidente Felipe Calderón anunció la captura de ocho sujetos y la muerte de seis participantes en la masacre. Lo que, a pesar de que las cuentas no cuadran, parecía indicar que el asunto había quedado resuelto.

No obstante, meses después, en febrero de este año, salieron desplegados en los periódicos donde se ofrecían recompensas de ocho millones por la captura de Román Rincones El Coyote y Juvenal Burciaga El Alacrán, y cinco millones por José Guadalupe Reyes Rivera El Sasi. Es decir, los capturados y muertos en refriegas con el Ejército, al parecer, no eran los cabecillas de la masacre de San Fernando. Ahora resulta que El Coyote, jefe de la plaza de San Fernando, sigue libre y se le relaciona con la segunda masacre. Pero las últimas detenciones señalan a Martín Omar Estrada El Kilo, como el responsable de la plaza y de la segunda masacre.

Es complicado seguir por la prensa todos los vericuetos de la investigación. Pero lo que si podemos constatar es que a Los Zetas, después de la primera masacre, seguían tan campantes en el municipio de San Fernando, secuestrando pasajeros de los camiones y asesinando a mansalva.

Nos habíamos quedado con la idea de que el asunto de San Fernando estaba más o menos resuelto y había que pensar en otros horrores de la geografía nacional. Pero en realidad las acciones del gobierno federal fueron limitadas y deficientes y las del gobierno estatal nula. No así el accionar de Los Zetas que asesinaron al agente del Ministerio Público y al secretario de Seguridad del municipio de San Fernando, que se supone avanzaban en las pesquisas, o por lo menos, eso parece indicar el que hayan sido sacrificados.

La costumbre de encontrar culpables y no a los culpables es un cáncer que corroe al sistema de justicia mexicano desde hace décadas. Y tenemos todo el derecho a sospechar, preguntar y exigir información precisa sobre los procedimientos de la investigación y la procuración de justicia. Lo mismo que sucedía en tiempos del PRI, sucede ahora en tiempos del PAN.

De Acteal ya sabemos los resultados. El cochinero de la procuración de justicia fue tal, que hubo que liberar, 10 años después, a todos los presuntos culpables, indiciados y condenados. La ausencia total del debido proceso, el abuso en la procuración de justicia y la interferencia de intereses políticos que buscaban, lo antes posible, a unos culpables y no a los verdaderos culpables, llevó a uno de los fiascos más espectaculares de la justicia mexicana.

Los abogados de la escuela de derecho del CIDE, que retomaron el caso, desmontaron y demostraron con pelos y señales el cúmulo de arbitrariedades, abusos e inequidades de los ministerios públicos, jueces y abogados. Y ¿qué ha pasado con los responsables de semejante fiasco? Pues que siguen tan campantes en sus escritorios, procurando justicia.

Qué es lo que ha sucedido con los asesinos de los jóvenes en Morelos, vilmente asesinados sin que medie explicación alguna. Las declaraciones que dio el detenido José Luis Luquín son por demás extrañas y contradictoras. También la manera en que fue denunciado, por una llamada anónima, encontrado en una cajuela y luego detenido por el Ejército.

Por eso hay que preguntar, qué fue lo que pasó tras la primera masacre de San Fernando. Dónde están los culpables, los cómplices, los responsables de la investigación y los encargados de la procuración de justicia. No puede ser que ahora capturen a más de una docena de policías de San Fernando y que no hayan estado involucrados en la primera masacre.

El resultado de tanta desidia, ineficiencia y falta de capacidad operativa haya sido la segunda versión de la masacre. Es la impunidad la que genera la espiral de violencia. Si no les pasa nada a los asesinos después de masacrar vilmente a 72 inocentes, pues hay que esperar las consecuencias.

Cuando se detienen a seis camiones de autobuses de distintas compañías y se secuestran a los pasajeros y no pasa nada, hay que esperar consecuencias. Cuál ha sido el papel de las compañías que son responsables de llevar a los pasajeros a su destino. Donde están las denuncias, donde están las medidas tomadas por las autoridades.

Ahora nos enfrentamos con 177 cadáveres y los que falten por contar. Y los culpables no sólo son los feroces, cobardes y desalmados asesinos que presenta la televisión, muchos de ellos con caras de niños asustados. También son culpables los que se encargaron de la investigación y la procuración de justicia. Todos hablan de la masacre de San Fernando menos el novato gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, quien heredó la candidatura después del asesinato de su hermano. Su arribo reciente al poder no lo exime de la responsabilidad. Tampoco al PRI que suspira por la presidencia, cuando los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas se distinguen precisamente por su total incapacidad para combatir y controlar al crimen organizado. Son estados fallidos que demuestran de manera cotidiana, su incapacidad, complicidad y falta de voluntad política.

El gobierno de Calderón ya está siendo juzgado y abrumado por el peso de 35 mil cadáveres. Pero no es el único responsable. Ante la situación de emergencia que vive el país, estamos hasta la madre de ustedes, políticos.

Para Javier