in duda que la mejor y más clara defensa del maíz criollo contra los transgénicos sería –como plantea la prestigiosa ecologista Silvia Ribeiro en un artículo del 26 de marzo en La Jornada– una ley o un simple decreto que los prohibiera, por peligrosos, en todo el país. Pero a ese fin se debe y puede llegar con luchas y conquistas parciales, porque las casas se van levantando desde los cimientos, que son tan importantes como la colocación de la última teja en el techo.

Por eso la obtención de sendos e importantes decretos para la protección del maíz criollo, en Tlaxcala y en Michoacán, lejos de recortar aún más los derechos de los indígenas y de los campesinos, los reafirman y son el resultado de la lucha de esos sectores y de los ecologistas, del mismo modo que las leyes de protección del trabajo infantil, o la ley de las ocho horas o la Marcha del Color de la Tierra, que buscaba integrar en la Constitución los derechos indígenas, no son expresión de sumisión al Estado sino importantes esfuerzos por imponerle al mismo los intereses de la sociedad.

El decreto 190 tlaxcalteco deja en manos de las comunidades la autorización o no de los organismos genéticamente modificados (OGM), que deben ser autorizados también por el patrimonio estatal y por la sanidad del estado, abriendo así la posibilidad de que unas y otros ejerzan su autoridad, y que sólo podrán ser aceptados si se acredita científicamente que no existe riesgo alguno de contaminación, lo cual es imposible en el estado actual de las cosas.

Además, lucha por conseguir la autorización federal para hacer de Tlaxcala una zona libre de OGM. En el capítulo II, inciso IV, menciona los derechos de todos los seres vivos de consumir productos derivados del maíz libres de OGM (incluyendo así en el decreto la ganadería y la cría de aves y cerdos). El título III, capítulo 1, fija, por su parte, como objetivos proteger y fomentar el maíz libre de OGM y declara que se deben erradicar las prácticas de las empresas productores y comercializadoras de semillas que atenten contra el objeto de esta ley.

En cuanto al Consejo Estatal del Maíz (CEM), órgano ejecutor de estas orientaciones legales, estará presidido por el gobernador, y su secretario técnico será el titular de la secretaría de sanidad, pero estará compuesto también por dos representantes de la sociedad civil: un indígena, un campesino y tres académicos, lo cual podría favorecer la creación de una amplia mayoría ecologista en ese organismo, que sin duda no está garantizada por su composición, pero que es posible por la misma.

La resolución michoacana es similar, aunque la composición del CEM es menos favorable, ya que está constituido por seis funcionarios: cuatro académicos y cuatro productores (sin especificar si son indígenas, campesinos o pequeños productores de tipo capitalista). Michoacán también aspira a ser declarada zona libre de OGM.

Los decretos en cuestión, por tanto, están dirigidos claramente contra los transgénicos, dejan el poder de decisión a ese respecto en las comunidades mismas, estableciendo, sin embargo, que los OGM son ilegales si existe el peligro de que contaminen, lo cual está probado, y llevan el problema al nivel federal, ya que los estados, soberanamente, sientan el principio de la defensa del maíz criollo, la cual obviamente es imposible si se difunden los transgénicos.

Se ha abierto así una importante brecha en el frente de los defensores de la infame ley Monsanto, que amenaza el maíz, esa conquista científica histórica de los indígenas mexicanos, esa base de la alimentación nacional.

Los decretos de Tlaxcala y Michoacán, por tanto, deberían ser saludados como un importante paso en la lucha contra los transgénicos y por la democratización de las decisiones en defensa de la biodiversidad y del ambiente. Pero por sí solos, por supuesto, no podrán cambiar demasiado las cosas si las comunidades no organizan e imponen su voluntad y si las organizaciones sociales, la academia y los ecologistas no asumen una posición realista que incluya las reformas inmediatas y los pasos parciales en una lucha por objetivos más vastos, nunca finales, que sólo se pueden obtener construyendo un gran frente unitario en el terreno de la lucha ambientalista y por el maíz, y elevando la conciencia de los propios campesinos productores de maíz sobre los peligros de los transgénicos.

En un periodo como el actual, en el que el México de los trabajadores y empeñado en la defensa contra las trasnacionales enfrenta una gran ofensiva del capital y de su gobierno, no debería haber margen para profundizar las diferencias entre los que luchan, con distintos métodos y visiones, en la misma trinchera, en defensa de los recursos nacionales. Por el contrario, el simple sentido común debería imponer acuerdos, alianzas y frentes únicos en torno a puntos comunes anticapitalistas y antitrasnacionales, y el aprovechamiento máximo de los logros conquistados para partir de ellos y ampliarlos.

Esto es válido tanto para el campo relativamente restringido de los luchadores ambientalistas como en el terreno político de la defensa de las conquistas democráticas y de los recursos del país, amenazados por la política de explotación y despojo de las comunidades y los pueblos que está llevando a cabo el capital.

Entre los campesinos no solamente existe la división partidista que lleva a cerrar los ojos ante toda grieta que se produce en el aparato de los políticos, sino también en algunos sectores, confusión sobre las falsas ventajas económicas que les podrían dar las semillas transgénicas. Por eso es vital la acción unificada de quienes defienden el maíz criollo, para hacer una campaña de toma de conciencia y obtener éxitos en la misma.