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PortadaPresentación¡Aguas! en Movimiento: una caravana al correr de los ríos
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Mazahuas y guerrerenses, unidos en defensa de los ríosMagali Iris Tirel Universidad de Niza, Francia. Estancia post-doctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM Correo electrónico: [email protected]
Excluidos ayer, protagonistas hoy Fue la carencia de agua lo que llevó a las mujeres mazahuas a declararse en rebelión. Bajo el intenso frío y la llovizna, tienen que caminar a veces cuatro horas para llevar una cubeta de agua a su casa. "Nuestras tierras son ricas en agua y nosotras tenemos que acarrearla del río. Sólo se busca beneficiar a la gente que vive en las grandes ciudades, sin importar la pobreza que genera a las comunidades de donde se extrae el vital liquido", confía doña María Guadalupe, de la comunidad de Loma de Juárez. Más de dos décadas de silencio, y las mujeres no aguantaron más la injusticia social y ambiental que les ha traído los emprendimientos hidráulicos realizados en su territorio. El sistema Cutzamala, que extrae desde los años noventas 14.4 metros cúbicos de agua por segundo de su región para abastecer a la ciudad de México y a la zona conurbana de Toluca, sólo les ha traído contaminación y escasez creciente de los lugares donde se abastecen y, con ello, la desesperación de no tener agua potable y de haber perdido la flora y fauna que era el sustento de las comunidades aledañas al Cutzamala y al río Malacatepec. La falta de un caudal mínimo que garantizara sus usos y costumbres, y los daños ambientales ocasionados por la operación de la planta Potabilizadora de Berros fue obligando progresivamente a la gente a emigrar a las grandes ciudades y a Estados Unidos, afectando así su forma de vida y llevando a la población a la extrema pobreza en que se encuentra actualmente. Esta situación, que llevaba más de 20 años sin recibir la atención adecuada, dio inicio a un conflicto en agosto de 2003, cuando un mal manejo por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en la presa Villa Victoria, una de las siete que abastecen el Sistema Cutzamala, inundó 300 hectáreas de siembras de los campesinos mazahuas. La gota que rebasó el vaso. Después de la sed, el hambre. Pero el 10 de agosto de 2004, después de múltiples y fallidos intentos de diálogo por parte de los hombres con el gobierno, las mujeres marcharon a la Ciudad de México para exigir el pago de los daños, la dotación de agua a las comunidades, la reforestación de la zona, la ejecución de un plan de desarrollo sustentable para los poblados afectados y la implementación de una nueva política hidráulica, que tuviera como finalidad cuidar la calidad y cantidad de agua para las grandes ciudades y permitiera una mejor calidad de vida para todas las comunidades de esta zona. Lo que salió a la luz pública en este momento fue que, en vez de haber sido manejado de manera sostenible y tratado como una "cuestión de seguridad nacional", el trasvase de cuenca más importante del país se había convertido en un verdadero saqueo ambiental que significaba un tercio de muerte para el pueblo Mazahua, ya que no sólo el Sistema Cutzamala no había traído el progreso prometido a la región, sino que se había efectuado a costa del deterioro progresivo e irreversible de las condiciones de vida sobre las que se asienta este pueblo. En los mismos meses del año 2003, campesinos de las tierras más marginadas y más calientes del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero, instalaban el primer plantón-bloqueo para exigir la salida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de su territorio. Se habían dado cuenta poco antes de que maquinaria de la CFE estaban trabajando en sus tierras, afectando terrenos y caminos sin aprobación de los propietarios de la tierra, ni permiso de Secretaría del Medio Ambuiente federal. A la población nunca se le informó de dichos trabajos, ni de que hacían parte de la construcción de una presa hidroeléctrica que inundaría 17 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales mayoritariamente, afectando a más de 25 mil personas. Esta conducta de la CFE, que violaba directamente los derechos humanos y muchos otros de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en cuanto a la preservación de las tierras, territorios y recursos, dio por fruto que se exalten los ánimos de los afectados. No sólo se represaría su río, el Papagayo, que da alimentos y agua a miles de personas y les quitarían el derecho a un medio ambiente sano, sino que además lo iban a lograr por medio de la imposición en las asambleas, y la criminalización de quienes expresaban su inconformidad con el proyecto.
La situación en las comunidades se fue deteriorando con los años, a causa de la determinación de los tres niveles de gobierno y de la CFE para llevar a cabo su megaproyecto a cualquier costo. Las presiones, el menosprecio, la represión, la corrupción, el no respeto de la ley, las decisiones autoritarias, las estrategias erróneas y la falta de diálogo del gobierno y de la paraestatal afectaron la organización y la dinámica interna de las comunidades. Todo ello contribuyó a crear una pesada atmósfera de incertidumbre, desamparo y tensión que sigue alimentando la confrontación y alienta la división en los pueblos, lo que ha generado un daño irreversible en el tejido social. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, tres heridos graves, varios presos, sin contar los múltiples heridos resultado de los enfrentamientos con la fuerza pública que ocurrieron en las asambleas. Así, antes de que se haya construido la obra, los daños a la población local son inmensos. Por consiguiente, más que siempre, las 32 comunidades y los tres ejidos organizados en el CECOP están dispuestos a no dejar que se construye la presa. "Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. Defenderemos las aguas de nuestro río Papagayo con nuestras vidas. El gobierno del Estado carece de sensibilidad, de diálogo, pero más que todo de dignidad. Se le olvida que en La Parota las tierras tienen dueños y que no las vamos a vender. No se puede comprar algo que no está en venta", manifiesta Felipe Flores, vocero del CECOP, "defenderemos hasta con nuestras vidas, el derecho a decidir sobre nuestras tierras. No queremos de un desarrollo que implica tal devastación ambiental y social; nosotros sabemos que una presa sólo trae la muerte, tanto para la naturaleza como para el ser humano". Unidos, lograremos la sustentabilidad El reto de los mazahuas es recuperar lo perdido a causa del deterioro social y ambiental vinculado al Sistema Cutzamala, un modelo de "desarrollo" que genera progreso para unos y pobreza para otros. "La victoria será cuando toda la región tenga un proyecto productivo sustentable y salgamos de la pobreza", dicen las mujeres. En cuanto a La Parota, el reto de las comunidades es proteger lo suyo, su río, sus tierras, su patrimonio e impedir este megaproyecto hidroeléctrico. Éste, además de causar graves daños ambientales, es símbolo de un régimen que viola el estado de derecho de los indígenas, despoja a los campesinos de sus tierras para favorecer intereses privados, produciendo verdaderos apartheids sociales que cercenan y precarizan el lazo social y su entorno. Por ello, la alianza de esas dos luchas en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) tenía sus motivos suficientes y su identificación: el sufrimiento de los indígenas mazahuas prueba que la lucha de los campesinos de La Parota es legítima. Las poblaciones afectadas por las presas se ven obligadas a emprender una lucha sin cuartel a fin de obligar el gobierno a que entienda el carácter insostenible de sus políticas energéticas e hidráulicas, y de la urgencia de emprender un trabajo de recuperación ambiental en beneficio de las poblaciones afectadas y de quienes viven en las grandes ciudades, cuyo bienestar depende del estado en cual se encuentran sus recursos naturales. "Las presas del Sistema Cutzamala terminaron con nuestra cultura… ¡y decían que nos ofrecían el desarrollo!", explicó la comandanta Victoria Martínez a los campesinos de La Parota presentes en la caravana cuando llegaron a sus comunidades, el día el día 24 de mayo. "Hoy vemos con tristeza que el gobierno nos quiere siempre más humildes. Y no nos hace justo. Por ello estamos con ustedes, porque van a sufrir las mismas consecuencias que nosotros si se hace el proyecto que planea el gobierno en sus tierras. Nuestro movimiento está en pie de lucha para defender los derechos humanos y los recursos naturales. Pueden asegurarse de todo nuestro apoyo. Nuestra lucha es una". A su vez, los campesinos de Guerrero llevaron a los afectados que visitaron en Jalisco y Nayarit lo que más tienen: ánimo para luchar, información y su apoyo incondicional.
Hay que destacar que los nuevos conflictos ambientales como los del Movimiento Mazahua y del CECOP, comprenden actores más exigentes, una mayor base de información que fundamenta las discusiones y una conciencia social creciente sobre los males derivados del deterioro ambiental así como su posible reversión, y del papel que los campesinos cumplen en la reproducción del ciclo del agua. Una especificidad de la acción defensiva que concierne el agua es que sus actores tienden a ir hacia una ampliación de su movimiento y de sus preocupaciones. Las amenazas sobre el agua llaman, en efecto, a soluciones transversales. Más allá del combate frontal, desarrollan proyectos sociales alternos de manera autónoma. Asimismo, existe una acción continua en el ámbito de la sensibilización de las comunidades a su entorno y de la información, ya que es fundamental el acceso a la información de las comunidades. Tanto el Movimiento Mazahua como el CECOP, aunque de manera diferente, trabajan en eso. Es en este ámbito que desarrollaron una nueva relación con el agua en que incluyen su defensa, su protección y conservación. El Movimiento Mazahua impulsó, entre otras cosas: acciones de reforestación, rehabilitación de ríos, foros de discusión, pozos de recuperación de agua pluvial, siembra de hortalizas orgánicas, construcción de invernaderos, etc.; y el CECOP, a través de la organización de encuentros nacionales, foros locales y reuniones informativas en las comunidades, y de la creación de una radio comunitaria, trabaja en la difusión de los derechos humanos y en la educación de las poblaciones locales en los problemas que llevan consigo la construcción de presas. Las dos organizaciones proponen, además, alternativas a los gobiernos para evitar la ampliación o la construcción de megaobras hidráulicas, y para fomentar la sustentabilidad del desarrollo y de los recursos. Así, las comunidades que luchan oponen con su resistencia y su trabajo una actitud distinta al proceso de manejo actual del agua. Se está gestando una nueva concepción que remite al desarrollo sustentable y a la equidad social, conceptos que incluyen el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, y a elementos trascendentales como el derecho a la democracia, a la paz, al respeto de sus derechos legales sobre sus propias tierras y a la preservación de su cultura.
La deuda es de todos El gran reto que tanto el pueblo Mazahua como los campesinos de La Parota tienen enfrente es heredar a las generaciones futuras recursos sanos y agua limpia que permitan la sustentabilidad para las nuevas generaciones. Dicho reto es el mismo para todos los mexicanos y, más allá, para todos los ciudadanos del siglo XXI. Por ello tomaron rápidamente conciencia de lo universal de sus luchas, y del hecho de que el éxito y/o fracaso de ellas dependía no sólo de alianzas duraderas con otras luchas, sino también con otros sectores de la sociedad. Esos dos conflictos sociales advierten a la sociedad que los modos en que se han gestionado históricamente los recursos tierra y agua entraron en su máxima crisis. Por ello, desde el inicio de esos dos movimientos, han contribuido a quitar el tupido velo sobre las consecuencias nocivas de los proyectos de presas y de trasvases de cuencas. En efecto, el deterioro ambiental que implica la construcción de un megaproyecto de presa como La Parota o un trasvase de cuenca de tal amplitud como es el Sistema Cutzamala afecta a toda la sociedad en su conjunto, ya que los graves impactos ecológicos y ambientales son irreversibles por la ruptura de los ecosistemas, por el deterioro de las cuencas hidrológicas, por la obstrucción de la recarga de los mantos acuíferos, por las alteraciones climáticas globales, la destrucción de la biodiversidad y la expansión desmesurada de las grandes urbes. Así, a sus demandas particulares —el derecho a decidir sobre sus tierras y aguas, y el derecho a una vida campesina digna—, esos dos movimientos incorporaron los reclamos de "ríos para la vida no para la muerte" (denuncia de las presas y trasvases), "agua para todos" (derecho humano al agua), "agua para siempre" (gestión sustentable del recurso), y comenzaron a hacer alianzas con otros sectores de la sociedad a partir de la consigna "no a la privatización". Con ello, sus luchas pasaron de ser luchas económicas y de identidad, a constituir luchas de carácter político, por el derecho humano al agua, por la defensa de los ríos y en contra de la privatización del recurso. El escenario que se perfila en México es que prácticamente todos los ríos corren el peligro de ser represados. Mientras la mayoría de las presas hidroeléctricas cumple su vida útil de 50 años, se inicia un nuevo auge de construcción. "En el Mapder, estamos peleando contra esta política neoliberal del gobierno mexicano de estar haciendo represas. Tienen pensado desde Panamá hasta El Cajón hacer un corredor de represas para generar energía eléctrica barata para Estados Unidos", explica Felipe Flores Hernández, quien señala que el objetivo también tiene qué ver con la privatización del agua a favor de los industriales, y poner las bases para la privatización de la industria eléctrica y del agua. En efecto, cuando vemos que los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad en este sexenio van a debilitar seriamente la empresa pública, es legítimo interrogarnos sobre la real intención de la administración foxista. Las presiones en esta dirección están claramente incluidas en el Plan Puebla Panamá, que argumenta la necesidad de apertura y de encontrar "socios estratégicos" para la privatización y explotación de todos los recursos en manos nacionales y estatales. Paralelamente, este nuevo auge de construcción de presas en México, infla la deuda que tendrá que rembolsar el pueblo mexicano. "Se están represando los ríos para sumisión económica. Endrogan al pueblo con esas deudas, es una burla a la inteligencia de los mexicanos", denuncia don Esteban, integrante del Mapder. El costo final de la hidroeléctrica El Cajón se estima en 2 mil 730 millones de dólares (más de tres veces el presupuesto inicial)… y funcionará, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un 16 por ciento de su capacidad. En cuanto al proyecto La Yesca, ubicado 67 kilómetros río arriba, tendrá un costo inicial de 800 millones de dólares… y marchará a un 19 por ciento de su capacidad. El ingeniero Manuel Frías Alcaraz, quien laboró en la CFE 15 años y es actualmente ingeniero consultor para obras de infraestructura, no deja de denunciar que los proyectos El Cajón y La Yesca son "inviables por falta de agua" y que, "en lugar de tener una contribución positiva y funcionamiento continuo... se convertirán en una agobiante y permanente carga financiera para la nación, situación que complicará la viabilidad de la industria eléctrica, al acrecentarse la impagable deuda de los Pidiregas". Sin embargo, El Cajón se hizo y el proyecto La Yesca es defendido ferozmente por empresarios que se benefician de la obra pública y por el propio gobierno panista. A los costos anteriormente citados, se añade la inversión estimada de mil millones de dólares para la construcción de la hidroeléctrica La Parota en caso de que se hiciera, lo que inflaría la deuda de la paraestatal, que ya aumentó considerablemente durante el sexenio del presidente Fox. En esta administración, en efecto, la inversión física presupuestaria disminuyó, y en contraparte la inversión financiada mediante deuda vía Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (Pidiregas) prácticamente se duplicó según informes oficiales. Así, mientras en el año 2000 la inversión financiada representaba 24.1 por ciento del total de la inversión impulsada por el sector público, para el cierre de 2005 se estima que alcanzó casi 43 por ciento con tendencia creciente.
Ahora bien, un estudio de la Secretaria de Comercio de Estados Unidos (US Departement of Comerce), publicado en la revista Science and Technology (1998), reveló que el transporte y la conversión de la energía (nuclear, hidroeléctrica, cogeneración, etc.) provocan una pérdida de energía de más de 50 por ciento. Es decir, que a partir de la producción de 100 por ciento de energía, sólo se logra consumir un 35.8 por ciento de energía, y se pierde 51.8 por ciento en los procesos de transporte y de conversión. De aquí se desprende que las energías renovables que tienen como particularidad producir energía al punto de consumación son mucho más eficientes que las clásicas. Pero se desprende también que los 900 MW que serían generados por la hidroeléctrica La Parota —y para los cuales se pretende despojar a miles de campesinos de su casa y de sus medios de sustento ancestrales— ni siquiera serían capaces de compensar la energía hidráulica (el total de energía hidráulica generada en México es de 9 mil 608 MW en 2000) que se pierde en las redes de transmisión y de distribución. En el caso del Sistema Cutzamala, anualmente se invierten mil 600 millones de pesos para transportar a la zona metropolitana 14.4 metros cúbicos de agua por segundo. Cada litro recorre por los acueductos y las tuberías una distancia de unos 140 kilómetros superando, gracias a un costoso sistema de bombas, un desnivel de mil 366 metros. La energía consumida para llevar el agua de las ocho presas del Cutzamala hasta la planta potabilizadora de Los Berros, equivale a la energía consumida por la Ciudad de Puebla. Lo absurdo es que, si el sistema Cutzamala lleva 14.4 metros cúbicos de agua por segundo, en el Distrito Federal, se desperdician a la vez 12.35 metros cúbicos de agua por segundo por fallas en la red hidráulica. O sea que el sistema sólo compensa las fugas, mientras decenas de comunidades mazahuas se quedan sin agua. Es en este contexto que una batalla por un río o por el reparto equitativo de un bien común como es el agua llega a levantar dudas sobre el sentido de todo un sistema. Lo que se debe retomar en consideración es que hay derechos humanos en juego, hay prioridades, y debe haber otra forma de gestionar el agua y la energía; una forma respetuosa con el medio ambiente, con las personas y con el derecho de las próximas generaciones a no heredar solamente nuestros grandes errores. |
La
lucha de los campesinos de Guerrero en contra del proyecto hidroeléctrico
La Parota y la de los indígenas mazahuas de la región
aledaña al sistema Cutzamala en el Estado de México
son dos conflictos sociales que se pusieron en el centro de la preocupación
nacional a partir del año 2004, gracias al interés
que estos movimientos causaron, sobre todo por lo novedoso de ser
de tipo ambiental, fuertes y capaces de desafiar el gobierno mexicano
en cuanto a sus políticas hidráulicas y energéticas
y, además, de levantar dudas sobre el sentido de todo un
sistema social.
El
15 de agosto de 2004, apenas cinco días después del
levantamiento de las mujeres mazahuas, se constituía el Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
"Guerrero
no tiene miedo. Ustedes nunca van a estar solos. Nosotros venimos
en la caravana para decirles qué es el objetivo del gobierno.
Acabar con nuestra agua, despojarnos de nuestras tierras, asesinar
a nuestras culturas. Tenemos que unirnos. Nosotros les traemos información.
Miren, vengan a ver la gran invención de Fox. Aquí
traemos un mapa de su invento, su Plan Puebla Panamá. Hacemos
este recorrido también para alertarles que Calderón
fue el impulsor de las hidroeléctricas cuando era secretario
de energía. Allá, somos sinceros y claros, y venimos
a decirles la verdad: la electricidad no es para nuestro país
ni menos para nuestros estados. Es para Estados Unidos. No es un
delito defender lo suyo: la tierra, nuestro patrimonio, nuestra
cultura, la soberanía de nuestro pueblo. Queríamos
venir desde mucho tiempo, pero tuvimos muertos, y mucha represión.
Sin embargo, la raza está puesta, nunca rodillada ante el
gobierno. Quiero decirles que no están solos. No vamos a
permitir ni una presa más en el país", declaró
Felipe Flores a cada etapa del camino.
En
la construcción de esta nueva cultura del agua, comunidades
Mazahuas y campesinos de La Parota trabajan cotidianamente desde
sus perspectivas culturales, sociales, políticas y económicas.
Sin embargo, esos dos conflictos ambientales tienen un tratamiento
institucional muchas veces insuficiente, a pesar de que sean asuntos
de "interés público" y de "seguridad
nacional". ¿La respuesta oficial a sus demandas? La eterna
desatención en el caso de los Mazahuas y la represión
en el caso de Guerrero. En pocas palabras, a pesar de sus luchas,
se los sigue empobreciendo, marginando y excluyendo de la posibilidad
de acceder a mejores condiciones de vida.
Los
Pidiregas son utilizados por el gobierno federal para financiar
las infraestructuras del sector energético. Actualmente se
encuentran bajo el esquema de inversión financiada directa
199 proyectos plenamente identificados; 36 para Pemex y 163 para
la Comisión Federal de Electricidad. Según las cifras
oficiales y de acuerdo con el horizonte de amortización de
los Pidiregas y las metas programadas, se vislumbran mayores presiones
de recursos fiscales para los próximos 13 años por
un monto promedio anual de 224 mil 854.4 millones de pesos de 2006,
equivalente a 2.6 por ciento medido como proporción del PIB
para este año. Asimismo el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados advirtió
que se requerirá un billón 574 mil millones de pesos
para cubrir el pago de amortizaciones e intereses de Pidiregas,
en los próximos dos periodos sexenales.