La negociación entre Morena y la industria de refrescos provocó un intercambio de acusaciones sobre la presión que ejercieron los cabilderos en la Cámara de Diputados y los acercamientos del partido mayoritario con los empresarios.

El acuerdo para dejar en 1.5 pesos por litro el IEPS a bebidas de edulcorantes y no en 3.08, es “un gesto político y legislativo e implica que queremos recomponer nuestra relación con el sector económico del país… la 4T se ha alejado de los grupos económicos del país, medios de comunicación y de asociaciones religiosas”, dijo el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila en la tribuna.

Durante la discusión de la Ley del IEPS para 2025, la diputada Beatriz Andrea Navarro (Morena) sostuvo que la crítica de la oposición al aumento de la tasa a bebidas azucaradas y la aplicación del gravamen a los refrescos “light” o “zero”, se debía a su “defensa a la Coca-Cola, los refrescos negros, a ese petróleo que nos hacen que nos tomemos” y al pasado de panistas que han sido directivos de la trasnacional, como el ex presidente Vicente Fox.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, aclaró que no fue su partido el que se reunió “con ninguno de los cabilderos” de la empresa y que la diputada debía ver la rueda de prensa del coordinador de la mayoría, porque la dio con la presencia de los cabilderos con los que dicen “no se reunieron”.

Afirmó que se simuló un acuerdo con las refresqueras, porque a estas empresas “no le cobran impuestos y sí a la gente, a la que sí le están clavando el diente”.

Monreal respondió que es partidario de los acuerdos y la conciliación y que su partido quiere recomponer la relación con el sector económico. Enseguida, preguntó “¿qué de raro hay?” en un acuerdo con las refresqueras.

Carlos Puente, coordinador del PVEM que presentó la reserva que beneficia a las refresqueras, sostuvo que “a nadie debe espantar que se abran las puertas del Congreso de la Unión ni que exista un diálogo con la industria”.