n las últimas horas, el riesgo de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela ha pasado de ser una amenaza difusa a convertirse en un escenario probable. El miércoles, el presidente Donald Trump confirmó que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para realizar operaciones encubiertas en la nación caribeña, y destacó que sopesa la posibilidad de operativos terrestres en ese país contra los “combatientes ilegales”, como clasifica a los supuestos traficantes de drogas. Dado que Washington acusa al gobierno de Venezuela de ser un cártel, las palabras del republicano constituyen un amago directo de agresión militar con fines de cambio de régimen. Más explícita que Trump fue la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró: “Maduro lidera un régimen ilegítimo que ha estado traficando drogas hacia Estados Unidos durante demasiado tiempo, y no vamos a tolerarlo”.
Las declaraciones van acompañadas de hechos. Hasta ayer, Washington había destruido cinco embarcaciones y ejecutado de manera extrajudicial a por lo menos 27 personas cerca de las costas venezolanas, además de movilizar a más de 6 mil militares, ocho buques de guerra (la mayoría de ellos, diseñados para operaciones de desembarco de tropas), un submarino de propulsión nuclear y cazas F-35, el avión más avanzado de la fuerza aérea estadunidense. El pasado 3 de octubre, estos aparatos volaron a sólo 75 kilómetros del territorio de Caracas. Ayer, el hostigamiento se reforzó con el sobrevuelo de helicópteros del 160 regimiento de aviación de operaciones especiales a menos de 90 millas de Venezuela, acto cuya gravedad se incrementa por la función de tales aeronaves en operaciones quirúrgicas contra objetivos de alto perfil.
Las acusaciones sin pruebas de involucramiento en el narcotráfico y el cerco militar al espacio marítimo y aéreo de Venezuela son ominosas señales de construcción de un pretexto para una agresión a fin de derrocar al gobierno de ese país y apoderarse de las mayores reservas petroleras del planeta, tal como Washington lo ha intentado de manera infructuosa al menos desde 2002. Ante semejante escenario, la comunidad internacional debe dejar de lado las diferencias ideológicas y las animadversiones personales hacia el presidente Maduro y manifestarse con firmeza en contra de la vulneración de la soberanía del pueblo venezolano, tal como han hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo colombiano Gustavo Petro.
Dirigentes como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva deben cobrar conciencia de que callar las bravatas imperialistas no sólo es una traición a los principios de la integración latinoamericana y la autodeterminación de los pueblos, sino una conducta potencialmente suicida en tanto envalentona la hostilidad de Washington.
En un contexto global cada vez más convulsionado por conflictos armados, comerciales y de otra índole, es imprescindible defender la relativa calma de que goza América Latina, lo cual requiere refrenar los impulsos injerencistas de la superpotencia y exigirle que cese sus prácticas desestabilizadoras.
