Ante los cuestionamientos de diputados locales sobre el nivel de deserción escolar y porcentaje de titulación, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez, descartó que ambos sean indicadores para evaluar la calidad educativa de la institución, cuyos programas, defendió, son del siglo XXI.

En la mesa de trabajo que tuvo con legisladores, Rodríguez refirió que si bien los resultados de los planes educativos son tomados en serio, se debe considerar la situación económica de los estudiantes y las posibilidades con que cuentan para poder titularse.

No son hijos de familia en la que los padres les den apoyo para transporte y comidas; sabemos que no es así. Eso no pone en duda la calidad de los estudios, de los posgrados, si bien los estudiantes entran por un sorteo, a lo largo de su vida estudiantil hacen miles de exámenes y la evaluación se realiza con requisitos muy fuertes. No puedo conceder que tenga baja calidad académica, aseveró la rectora.

Agregó que se revisan las licenciaturas que se imparten en esa casa de estudios, con el propósito de ofrecer otras opciones de titulación a los estudiantes, como diplomados; y que los resultados de dicho análisis se darán a conocer el próximo año.

Al congratularse por los mil 500 millones de pesos de presupuesto que se proponen para la institución el próximo año, y llamar a los legisladores a gestionar fondos federales para la universidad, destacó que su administración ha presentado una treintena de denuncias por contratos mal elaborados, obras inconclusas, presuntos actos de corrupción y daño patrimonial.

Como parte de sus respuestas a los diputados y sin revelar mayores detalles, indicó que dichas acciones obedecen a los esfuerzos de su gestión para evitar cualquier sombra de corrupción en la institución.

Tras la comparecencia de la rectora, la UACM informó que no han cesado las amenazas contra su titular y la abogada de la universidad, Paulina Jaime Muguiro, e incluso durante la reunión con los legisladores recibieron nuevos mensajes intimidantes vía WhatsApp con amenazas a su integridad y la advertencia de que parara las denuncias.