Suspenden desalojo
Esperarán a que tribunales decidan quién gobernará
Señalan a esposa de Graco Ramírez
El gobierno de Nayarit no tiene fondos para pagar la nómina del 15 de noviembre a sus aproximadamente 15 mil empleados, incluidos los de confianza, reveló ayer el gobernador panista Antonio Echevarría García. ‘‘Está tronado (el Poder Ejecutivo). Tuve una reunión con el secretario de Finanzas hace tres días. Está muy preocupado porque no tenemos dinero”.
Huyen de Zitlala
Aseguran que los esclavizan y demandan ser reubicados
Acapulco, Gro., Padres de familia y estudiantes de la escuela primaria Vicente Guerrero y de la preparatoria popular Emiliano Zapata, del poblado de Dos Arroyos, en la zona rural de Acapulco, bloquearon los dos sentidos de la Autopista del Sol durante varias horas la mañana del jueves para exigir que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) asigne cinco profesores de base y mejore la infraestructura escolar.
Desde hace más de un año, seis pobladores de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, estado de México, permanecen en la cárcel, acusados ‘‘falsamente’’ de robo y privación ilegal de la libertad, en represalia por defender sus tierras de un grupo de inversionistas que las compró en forma ilícita a representantes del poblado vecino de San Mateo Atarasquillo, denunciaron familiares y abogados de los afectados. En conferencia de prensa, explicaron que varios empresarios han intentado apoderarse de 57 hectáreas para realizar proyectos inmobiliarios. Dichos terrenos fueron vendidos en 2014 por representantes de San Mateo Atarasquillo, debido a que esa comunidad registró a su nombre las 210 mil hectáreas que componen a Salazar a finales de la década de 1940, situación de la cual se enteraron los afectados tres décadas después. Luego de impugnar dicho registro, los pobladores de Salazar lograron que el 18 de agosto de 2017 el Tribunal Unitario Agrario del noveno distrito les reconociera la propiedad de las tierras, lo cual fue ratificado en octubre de 2018 por el Tribunal Superior Agrario. Pese a ello, el 30 de agosto de 2017 más de mil elementos del Ejército, la Marina y policías aprehendieron a ocho personas, a quienes el representante legal de varios compradores de sus tierras acusó de robo y secuestro.
Pachuca,Hgo., El juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo a Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de administración y finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, contra una orden de cateo efectuada el 19 de junio en su domicilio en busca de pruebas de un supuesto delito electoral, pues el Ministerio Público no cumplió con los requisitos legales. Los abogados de Mejía Valencia informaron que Norma Villegas Quiroz, agente ministerial de la mesa 2 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pretendía usar documentos confiscados en el cateo para acreditar el uso de recursos de la UAEH en actividades políticas en favor de Morena. Explicaron que las pruebas recabadas quedaron invalidadas por haber sido obtenidas en forma ilegal. La defensa de Gabriela Valencia también acusó a la agente del MP de haber mentido al juez para justificar la orden de cateo, pues no se localizaron facturas en favor de Morena o de otros partidos.