Morelia, Mich., Presionado por la presencia de 150 policías enviados por el gobierno de Michoacán a solicitud de David Otlica, el alcalde perredista electo el pasado primero de julio, el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) aceptó ayer evacuar la presidencia municipal que ocupaba desde hace tres años, a cambio de que tampoco la utilice el edil hasta que se resuelva judicialmente el conflicto en la localidad.

Efraín Avilés, vocero del CCIN, informó que el convenio es para evitar violencia, ya que más de 150 elementos de la Policía Michoacán se preparaban evacuar la alcaldía de Nahuatzen, donde el CCIN despacha desde 2015.

El ayuntamiento y el CCIN también convinieron que la Policía Michoacán resguarde la alcaldía, que deberá estar vacía este viernes antes de las nueve de la mañana. Ambas partes despacharán en oficinas alternas hasta que autoridades judiciales resuelvan a quién corresponde encabezar el gobierno local.

El jueves al mediodía el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Gómez, aseguró que la orden de desalojo fue solicitada por el alcalde, David Otlica, quien tomó posesión en septiembre pasado pero no ha podido ingresar a la presidencia municipal por la inconformidad de pobladores que apoyan al consejo ciudadano.

En la cabecera de Nahuatzen no hubo elecciones el pasado primero de julio porque no se instalaron casillas, y por determinación del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) se designó presidente municipal a Otlica, luego de los comicios celebrados en otras partes de la demarcación.

El vocero del CCIN, Efraín Avilés, consideró que el gobierno estatal se conduce de una manera ‘‘desconcertante’’ ante la división en Nahuatzen, porque apenas ayer por la madrugada firmó un ‘‘convenio de paz’’ con el grupo que encabeza David Otlica, después de que cuatro integrantes del consejo ciudadano fueron liberados tras ser secuestrados por gente cercana al edil, lo que no obstó para que la administración estatal ordenara un desalojo, aunque después dio marcha atrás.

El CCIN aseguró que integrantes del gobierno municipal, entre ellos la síndica, María Elena Avilés, plagiaron el miércoles a los consejeros ciudadanos Ana María Maldonado, Efraín Avilés, Efraín Villagómez y Juan Antonio Torres, quienes fueron liberados ayer a las 4:40 de la madrugada. Entonces el ayuntamiento y el CCIN signaron un convenio de no agresión atestiguado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal.

Patrullas de la Policía Michoacán se estacionaron en las inmediaciones de Nahuatzen después de las ocho de la mañana y al mediodía se concentraron en la plaza pública de esta comunidad purépecha, frente a la presidencia municipal.

Para las tres de la tarde había más de 150 policías y unos 500 simpatizantes del CCIN en la plaza, aguardando el desalojo. Consejeros aseguraron que esperaban respaldo de la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen, donde tampoco se instalaron casillas para la elección pasada.

En un comunicado, la Secrearía de Seguridad Pública informó que recibió instrucciones de su titular, Juan Bernardo Corona, de desplegar personal en Nahuatzen, a solicitud del alcalde David Otlica. Finalmente el desalojo se suspendió.

El consejero Antonio Arreola advirtió: Así como no permitimos que tomara posesión del ayuntamiento Miguel Prado hace tres años, y eso que supuestamente había ganado los comicios, menos lo haremos con el perredista David Otlica, quien en Nahuatzen no tuvo un solo voto porque aquí no se instalaron casillas.

Agregó: Con la gente de Nahuatzen no hay problema, pero no estamos de acuerdo con que gente de fuera, como Otlica y la misma policía estatal, pretendan imponer condiciones, cuando el CCIN ha sido reconocido como autoridad comunal por los altos tribunales.

El CCIN gobierna la cabecera municipal desde hace poco más de tres años, pues el también alcalde perredista Miguel Prado nunca pudo tomar posesión, a pesar de que el inmueble –entonces ocupado por integrantes del consejo– fue evacuado por la fuerza pública. Aun sin presupuesto, el consejo ciudadano fue gobierno e incluso integró su ronda comunitaria, equivalente a la policía municipal.

En abril de 2018, el TEPJF ordenó al Instituto Electoral de Michoacán que el CCIN recibiera la parte proporcional del presupuesto; es decir, lo reconoció como autoridad.