Desde hace más de un año, seis pobladores de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma, estado de México, permanecen en la cárcel, acusados ‘‘falsamente’’ de robo y privación ilegal de la libertad, en represalia por defender sus tierras de un grupo de inversionistas que las compró en forma ilícita a representantes del poblado vecino de San Mateo Atarasquillo, denunciaron familiares y abogados de los afectados. En conferencia de prensa, explicaron que varios empresarios han intentado apoderarse de 57 hectáreas para realizar proyectos inmobiliarios. Dichos terrenos fueron vendidos en 2014 por representantes de San Mateo Atarasquillo, debido a que esa comunidad registró a su nombre las 210 mil hectáreas que componen a Salazar a finales de la década de 1940, situación de la cual se enteraron los afectados tres décadas después. Luego de impugnar dicho registro, los pobladores de Salazar lograron que el 18 de agosto de 2017 el Tribunal Unitario Agrario del noveno distrito les reconociera la propiedad de las tierras, lo cual fue ratificado en octubre de 2018 por el Tribunal Superior Agrario. Pese a ello, el 30 de agosto de 2017 más de mil elementos del Ejército, la Marina y policías aprehendieron a ocho personas, a quienes el representante legal de varios compradores de sus tierras acusó de robo y secuestro.