a embajada de México en Honduras calificó ayer como un hecho objetivo el riesgo en que se encuentra el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, perpetrado el pasado 3 de marzo en la localidad de La Esperanza, unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. A decir de la legación diplomática de nuestro país, el activista tiene toda la disposición de contribuir en todo lo que se requiera para el pleno esclarecimiento del crimen. La víspera, el gobierno mexicano solicitó oficialmente al hondureño para que Castro Soto abandone el territorio de la nación hermana antes del plazo de 30 días fijado por un juez.

ientras algunos se entretienen buscándole pelos en la sopa a todo lo que diga o haga el papa Francisco (quedarse anclado en rancias disputas ideológicas no es exclusivo de los obispos mexicanos regañados ni de las posiciones de derecha que ellos representan), la implacable realidad se encarga de recordarnos brutalmente la relevancia y urgencia dramática de lo que Francisco ha planteado sobre la gran crisis que nos amenaza: que hay una guerra de los poderes establecidos contra la madre tierra y que en la primera línea de defensa, recibiendo el impacto brutal de esa ofensiva, están los pueblos indígenas y todos los que se solidarizan con ellos en la protección de la tierra.

uchos opinan que los movimientos sociales son antagonistas de los partidos políticos. Se debe esto al descrédito de la representación o de ONG extranjeras que desean tener dominio sobre tales movimientos, dominio que perderían si éstos se articularan con algún partido. Otros piensan que los partidos políticos no necesitan de los movimientos sociales, ya que estos últimos no deben entrometerse en el gobierno del Estado.

l primero de diciembre de 2012 fuimos testigos de uno de los momentos más evidentes en cuanto a retrocesos en materia del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Cientos de personas vieron afectados sus derechos en el antes DF por la represión que padecieron de agrupaciones policiacas federales y locales. Era el inicio de una serie de fechas relacionadas con hechos de criminalización, que a lo largo de tres años hemos padecido y denunciado no sólo en la Ciudad de México, sino en diversos estados de la República. Para el caso de la primera, ya desde diciembre de 2012 y echando mano del esfuerzo de diversas organizaciones y colectividades que denunciaron esos hechos represivos y exigieron la inmediata liberación de las personas aprehendidas injustamente, pedimos que se derogara el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal (La Jornada, 21/12/12), ya que con justa razón argumentamos que se trataba de un delito que por su redacción y contenido se prestaba al uso discrecional de agentes del Estado, para procesar a personas que se manifiestan en el espacio público.

a ideología neoliberal ha dominado el discurso mundial durante los primeros 15 años del siglo XXI. El mantra ha sido que la única política viable para gobiernos y movimientos sociales era otorgar prioridad a algo conocido como mercado. La resistencia a esta creencia se volvió mínima, en tanto partidos y movimientos que se dicen a sí mismos de izquierda, o por lo menos de centro-izquierda, abandonaron su tradicional énfasis en medidas propias de un Estado de bienestar y aceptaron la validez de esta posición orientada al mercado. Arguyeron que por lo menos se podría suavizar su impacto reteniendo alguna pequeña parte de las históricas redes de seguridad construidas por más de 150 años.

a Ciudad de México necesita muchas cosas; también una constitución. Pero antes, recuperar su sitio como ciudad segura, frenar a la delincuencia organizada que ya asentó su reales en varias partes de la urbe, reordenar el tránsito de vehículos, terminar con el acoso a dueños y conductores de automóviles, detener la tala de árboles, defender los acuíferos, hacer que ruedas y rieles de la línea 12 se reconcilien, rescatar áreas verdes, frenar la construcción de edificios sin estudio previo de impacto ambiental, impedir que las gaseras dejen larguísimas cicatrices en el pavimento de las calles, remediar el hacinamiento en los vagones del Metro y en el Metrobús, frenar el acoso de motociclistas de tránsito a la caza de distraídos e incautos, disminuir (aun cuando no soplen vientos fuertes) los altos índices de contaminación, para mencionar sólo unos cuantos de los problemas que interesan más que la constitución, a los vecinos de la ciudad.