a embajada de México en Honduras calificó ayer como un hecho objetivo el riesgo en que se encuentra el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, perpetrado el pasado 3 de marzo en la localidad de La Esperanza, unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. A decir de la legación diplomática de nuestro país, el activista tiene toda la disposición de contribuir en todo lo que se requiera para el pleno esclarecimiento del crimen. La víspera, el gobierno mexicano solicitó oficialmente al hondureño para que Castro Soto abandone el territorio de la nación hermana antes del plazo de 30 días fijado por un juez.

Cabe recordar que desde el pasado 5 de marzo las autoridades migratorias de Honduras impidieron abandonar ese país al activista ambiental mexicano, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), quien se encontraba en la vivienda de la lideresa social al momento de la incursión de los asesinos, y resultó herido y dado por muerto en el ataque.

Desde ese momento se han acumulado las voces que claman por la protección del connacional –desde familiares suyos hasta la Organización de Naciones Unidas– y han salido a relucir las irregularidades que enfrenta su proceso: la víspera, familiares del activista acusaron que su detención ha estado caracterizada por la violación de los derechos humanos y garantías procesales; indicaron que Castro Soto ha sido sometido a largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y, sobre todo, la prohibición de salir del país, medida que la propia juez del caso, Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos.

Semejantes condiciones desvirtúan el pretendido celo legalista del gobierno hondureño por mantener a Castro Soto en el país centroamericano, amparándose en la innegable relevancia de su testimonio en las investigaciones del asesinato de la activista. Lo cierto es que el empecinamiento en evitar que el activista mexicano salga de ese país no sólo profundiza su vulnerabilidad y el riesgo de represalias en su contra, sino que exhibe un ejercicio distorsionado de la legalidad por parte de las instituciones hondureñas, de por sí desacreditadas por el asesinato perpetrado contra Berta Cáceres.

No sobra señalar que entre México y Honduras existen canales institucionales que permitirían que el connacional pueda colaborar, desde nuestro país, con las pesquisas judiciales. Por contraste, el afán por mantenerlo en la nación centroamericana alimenta la percepción de que el gobierno de Tegucigalpa se conduce en el episodio con una indolencia lamentable, en el mejor de los casos, o con un afán deliberado por exponerlo, en el peor.

Es necesario que las autoridades de nuestro país profundicen los canales diplomáticos binacionales para asegurar que Gustavo Castro salga del territorio hondureño a la brevedad y que se extremen, en tanto, las medidas de seguridad para garantizar su protección. Preservar la integridad física y la vida del activista mexicano debe ser asumido como una responsabilidad primordial de las autoridades nacionales.