an sólo un mes le llevó al inquilino de Los Pinos promulgar una ley (cambios a la General de Sociedades Mercantiles), por medio de la cual se crea el régimen de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) que permite el registro ante el gobierno federal de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en un plazo máximo de 24 horas, sin necesidad de contar con un notario o corredor público (La Jornada, Susana González). El propio Enrique Peña Nieto celebró que nunca antes había sido tan sencillo, rápido y económico crear una empresa en México.

Sin duda la creación de una empresa en el país resultaba más que un exasperante trámite burocrático (con su corrupto ejército de funcionarios y coyotes), pues en los hechos era un verdadero viacrucis. La tramitación y autorización de las solicitudes no tenía fin, a menos de que mediara un grueso fajo de billetes de alta denominación, con el cual el burócrata en turno mágicamente pasaba de la pachorra total a la velocidad del rayo.

Entonces, qué bueno que se facilite la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (alrededor de 98 por ciento del universo empresarial en México corresponde a esa categoría), que son las grandes generadoras de empleo. Sin embargo, los factores de la producción (como pomposamente los llamaban en sexenios ya idos) no se limitan al capital, sino que incluye –y en primerísima línea– al trabajo, a la mano de obra que hace posible que ese capital obtenga las utilidades deseadas y planeadas.

Pero no todo camina a la misma velocidad, pues si el régimen neoliberal concede trato de monarca al capital, al trabajo, a la mano de obra, le ha dado trato de esclavo, cuando es obligación del gobierno federal trabajar en pos de los equilibrios con el objetivo de que gane el empresario, sí, pero también, la otra parte. Y con el correr de los años y de los sexenios neoliberales la balanza ha sido inclinada de forma por demás vergonzosa a favor de los que más tienen, que son los menos.

Lo anterior hace recordar que si en apenas un mes el inquilino de Los Pinos promulgó la citada ley, la relativa a la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales se encuentra en el hoyo más profundo en el fondo del olvidadizo aparato burocrático. Es más, en el gobierno federal ni siquiera recuerdan sus prisas por ganar la mano en la grilla electorera que inició Miguel Ángel Mancera, con su propuesta de incrementar sustancialmente el salario mínimo allá por mediados de 2014, a la que de inmediato reaccionaron todos los partidos políticos aduciendo que cada uno de ellos presentó con anterioridad una oferta temático de mucho mayor alcance.

El hecho es que el salario mínimo se mantiene en el suelo, con una pérdida de poder adquisitivo acumulada cercana a 80 por ciento, y lo único que se aprobó (y para ello tardaron más de un año) fue la desindexación del micro ingreso para efectos de multas, precios, tarifas y conexos, pero del micro ingreso ni quién se acuerde. Probablemente el tema se retome en siguientes campañas electorales, y es previsible que el resultado sea el mismo que hasta ahora.

En esta tomadura de pelo cómo olvidar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que en octubre de 2014 dijo haber creado una Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales que analizaría el tema y en un plazo máximo de seis meses divulgaría sus conclusiones y haría público un informe con los mecanismos viables y sostenidos para tal recuperación. Pero resulta que tal artefacto ha pospuesto el referido informe en tres ocasiones, y ahora asegura que será en junio de 2016 cuando proceda en dicho sentido, siempre con el espíritu decidido de volver a posponerlo.

Mientras el otro factor de la producción espera sentado el informe y la recuperación que se comentan, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, advierte que la información económica de nuestro país “continúa exhibiendo resultados poco favorables que, en conjunto con los eventos propios del entorno internacional, han provocado modificaciones en las estimaciones de crecimiento económico para 2016. Las más recientes fueron las anunciadas por el Banco de México, cuyas expectativas originales (un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento) se ajustaron a la baja para quedar en un rango de entre 2 y 3 por ciento.

Durante el segundo mes del presente año, detalla el CIEN, la confianza del consumidor cayó 1.2 por ciento con respecto a enero debido a que todos sus componentes se ubicaron en terreno negativo, siendo aquel que mide las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año, para realizar compras, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, el elemento que más se contrajo en términos mensuales (2.2 por ciento). Con los resultados antes mencionados, la tendencia de la confianza del consumidor exhibe una trayectoria negativa que podría verse reflejada en los hábitos de consumo de las familias mexicanas en los próximos meses.

Por otro lado, anota, el panorama en torno a la confianza empresarial luce menos alentador. Los índices de los sectores de la construcción, manufacturas y comercio presentaron en febrero un retroceso con respecto a lo observado durante el mismo mes del año pasado. De hecho, no se han presentado variaciones anuales positivas de los tres índices en conjunto desde octubre de 2014, situación que muestra el grave deterioro en el que se encuentra el sentimiento empresarial sobre el desempeño económico nacional.

Adicionalmente, las perspectivas hacia el futuro no se vislumbran optimistas, puesto que uno de los componentes más deteriorados de los índices de confianza fue precisamente el que mide las expectativas sobre la situación económica futura del país. Los bajos niveles observados en la confianza empresarial comienzan a reflejarse en el desempeño de la inversión. Y el recorte presupuestal en 2016 en nada ayudará a mejorar los indicadores.

Las rebanadas del pastel

Si de factores de la producción se trata, allí está el vergonzoso caso del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien junto con sus pajes insiste en que es ilegal la huelga de los mineros en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras se apresura a proteger los intereses de la trasnacional Arcelor Mittal, la misma que cinco lustros atrás fue la paraestatal Sicartsa, que Salinas privatizó a precio de ganga.

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