Una empresa constituida con un capital social de 50 millones de pesos y que en ejercicios fiscales recientes ha registrado pérdidas se ha alzado con varios contratos de arrendamiento de automóviles para entidades públicas, entre ellas del sector energético o dependencias como la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de acuerdo con información oficial. La firma Tecno Alta Distribución recibió en los pasados dos años contratos de dependencias gubernamentales por unos mil millones de pesos, vía la prestación del servicio de arrendamiento y alquiler de vehículos. En algunos contratos, como los que amparan servicios prestados al Instituto Politécnico Nacional, la firma no ha cumplido con lo estipulado en las bases, que consistía en el arrendamiento de 269 vehículos, por un monto de 53 millones 830 mil 64 pesos. Ante el incumplimiento en la entrega de vehículos, que debió realizarse el 21 de agosto pasado como fecha límite, el Politécnico realizó una nueva licitación. Tecno Alta Distribución es presidida por el empresario Carlos Bayo Martínez, quien fue director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) entre 2004 y 2007. Renunció a esa dependencia, adscrita a la Secretaría de Gobernación, cuando el entonces secretario de la Función Pública, Germán Martínez, anunció el inicio de una investigación por malversasión de recursos públicos. Bayo Martínez no fue imputado directamente de esa malversación.

México es hoy uno de los países con mayor desigualdad, que sólo podrá erradicarse mediante el fortalecimiento del estado de derecho, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. Llevamos más de tres décadas con un crecimiento económico marginal, que apenas alcanza un promedio de 2.3 por ciento anual, mientras prevalece la debilidad institucional, situación que se refleja en la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades, las leyes y su correcta aplicación, indicó el dirigente en un mensaje a los afiliados. Señaló que la mayor debilidad estructural del país es la falta de estado de derecho, lo que resta competitividad internacional e inhibe el bienestar general. La Coparmex está convencida de que la disminución de la pobreza, más allá de los programas de asistencia temporal, sólo será posible a través de la creación de la riqueza que se da en las empresas formales, las cuales requieren la vigencia del estado de derecho para hacerlo posible, abundó De Hoyos. Estimó que si se logra alcanzar la plena vigencia del estado de derecho, el país podrá consolidarse como una de las economías más importantes en el contexto global. Puede convertirse, dijo, en uno de los 10 países más atractivos para invertir, pero sobre todo por su capacidad para generar empleos dignos para sus ciudadanos.