pesar de la presión política de la Secretaría de Gobernación y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para realizar modificaciones constitucionales y legales que permitan implantar mandos únicos policiales en las entidades federativas, las fracciones parlamentarias de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo en el Senado acordaron rechazar esa medida y se manifestaron por un rediseño del sistema policial nacional. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló, por voz de su presidente, Luis Raúl González Pérez, que el problema esencial de las corporaciones del orden público en el país es la falta de elementos confiables, profesionales y capacitados en materia de respeto a los derechos humanos.

Como se recordará, a finales de la semana pasada el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión con diputados del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México instó a realizar las reformas legales orientadas al establecimiento del mando único y criticó a los detractores de todo y constructores de nada, en referencia a quienes rechazan ese modelo de control policial centralizado en los ejecutivos estatales.

A esa postura se sumaron el lunes pasado 16 gobernadores, incluido el jefe de Gobierno capitalino, quienes, representados por el mexiquense Eruviel Ávila, argumentaron que es más fácil fortalecer, consolidar, sanear y financiar 32 corporaciones que emprender la transformación de los cerca de mil 800 cuerpos de policía municipal que hay en el país.

Como se señaló en este mismo espacio el pasado 5 de enero, el debate sobre el control de las corporaciones del orden público está fuera de foco, toda vez que la falta de confiabilidad de agentes policiales y la infiltración de los organismos correspondientes por la delincuencia organizada no es un fenómeno que se limite al ámbito municipal; por el contrario, los hechos indican que ambos asuntos afectan a las policías de los tres niveles de gobierno.

Ciertamente, a primera vista podría parecer más sencillo controlar a los efectivos policiales de zonas remotas desde las gubernaturas estatales, pero la realidad señala que en las regiones en las que la criminalidad sienta sus reales es frecuente que reclute a mandos municipales, estatales e incluso federales para su protección.

El núcleo del debate no debe situarse, en consecuencia, en qué nivel de gobierno debe residir el control de las policías, sino de qué manera combatir la corrupción en los ámbitos municipal, estatal y federal, y cómo emprender una tarea coordinada –pero respetuosa de las atribuciones constitucionales de los municipios– de capacitación, dignificación y profesionalización de todos los efectivos policiales del país.

En tanto no se acepte que el problema reside en la carencia de corporaciones y elementos confiables, y no en quién las manda, se perderá el tiempo en una confrontación política estéril y desgastante que, sean cuales fueran sus resultados, no contribuirá a resolver la exasperante crisis de inseguridad y violencia que sigue afectando al país.