spada en ristre y con más entusiasmo que datos duros, el muy activo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, asegura que en ninguna entidad del país hay retroceso en el combate a la pobreza y que, por el contrario, en la mayor parte hay progresos para fortalecer los ingresos y reducir las carencias. Con todo, asume que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero se avanza con mucha más lentitud (La Jornada, Angélica Enciso).

Deseoso de que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida, el ex secretario de (paciencia) Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y ahora Desarrollo Social (todo ello en apenas los últimos cinco años, con Calderón y Peña Nieto), el funcionario se niega a reconocer que la llamada política de combate a la pobreza ha sido rotundamente infructuosa, toda vez que el número de mexicanos en tal condición se mantiene al alza, mientras el porcentaje de involucrados prácticamente se ha mantenido inalterado desde el arranque formal del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), en diciembre de 1988.

Veintisiete años y dos meses han transcurrido desde que Carlos Salinas de Gortari, entonces inquilino de Los Pinos, presentó en sociedad el Pronasol y lo bautizó cariñosamente como el balance moral de la modernización, y a lo largo del tiempo lo único que cambió fue el nombre del programa oficial de combate a la pobreza (Zedillo lo rebautizó como Progresa, para el bienestar de la familia; Fox lo denominó Oportunidades, título que mantuvo Calderón, y Peña Nieto lo renombró Prospera), porque el porcentaje de la población en pobreza pasó de 53.1 por ciento en 1992 a 53.2 por ciento en 2014 (esta última es la cifra la más reciente, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval).

Tal vez –siendo muy generosos en la apreciación– los incansables combatientes de la Sedesol y del gobierno federal en su conjunto han hecho su mejor esfuerzo para lograr el objetivo, pero lamentablemente buenos deseos no son sinónimo de buenos resultados. A lo largo de los años por la oficina principal de la Secretaría de Desarrollo Social han pasado cualquier cantidad de personajes (de chile, dulce y manteca), pero el resultado concreto es que cada día hay más pobres en este país, lo que no denota que la respectiva política pública –llámese como se llame el programa en turno– simple y sencillamente no es efectiva para alcanzar el fin deseado o cuando menos planteado.

México se mantiene como uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, y tras seis sexenios al hilo de combate a la pobreza la población depauperada es la mayoritaria, y por mucho. Y a pesar del cotidiano entusiasmo con el que Meade presume su espada, la realidad es la que manda y ésta es bastante cruda.

A mediados del año pasado se hizo público el más reciente informe del Coneval, el cual actualizó de 2012 a 2014 las cifras de pobreza, es decir, lo que sucedió en el primer bienio del sexenio peñanietista. En ese tramo la inenarrable Rosario Robles ocupó la oficina principal de Sedesol, y en ese lapso sucedió lo mismo que en los sexenios anteriores: la pobreza se incrementó, con todo y la multimillonaria cantidad de recursos públicos que –dice el gobierno– se destinó para disminuirla, o lo que es lo mismo, se logró exactamente lo contrario del objetivo planteado.

Según esa misma evaluación, en el primer bienio de Peña Nieto el número de pobres en el país aumentó a razón de 4 mil 384 adicionales por día (alrededor de 3 por minuto), de tal suerte que en ese periodo (2012-2014) el inventario mexicano de depauperados creció 3.2 millones. Así, más de la mitad de la población es pobre, y si se suma la población considerada vulnerable entonces la proporción crece a 87 por ciento. Así es: las cifras del Coneval detallan que sólo 13 de cada cien mexicanos son catalogados como no pobres ni socialmente vulnerables. Los 87 restantes se encuentran en condiciones que van de críticas a extremadamente críticas, es decir, más de 104 millones de personas se encuentran en tal situación (entre ellos 28 millones, quienes de plano no tienen un centavo para comer).

En julio de 2015, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, reconocía que en el citado periodo el ingreso fue el rubro que no mejoró, lo cual ocurre desde hace al menos 20 años, y el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, que no tiene recursos para comprar la canasta alimentaria, pasó de 60.6 millones (51.6 por ciento) a 63.8 millones (53.2 por ciento), es decir, uno de cada dos mexicanos.

José Antonio Meade considera que en ninguna entidad del país hay retroceso en el combate a la pobreza, lo cual puede ser cierto en el sentido de que el personal de la Sedesol se distribuye por toda la República y que –es de suponer– los recursos no dejan de fluir. Pero más allá de eso, y siempre con la esperanza de que los dineros se utilicen para los fines originalmente autorizados, la pobreza va a galope. No hay de dónde asirse para sostener que el combate ha sido exitoso; en el mejor de los casos, y sólo en él, a lo largo de los sexenios lo sustantivo de la política pública para el fin referido ha sido mantener a la población-objetivo (como le llaman) con los signos vitales medianamente en funcionamiento.

Y la lentitud mencionada por el titular de Sedesol no es exclusiva de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. De hecho, estas tres entidades no son la excepción, sino que forman parte de la norma en cuando menos 18 estados de la República, y en el mapa nacional de la miseria sobresalen –además de los referidos– Morelos (con un aumento de 17 por ciento en el número de pobres entre 2012 y 2014), estado de México (13 por ciento), Veracruz (12 por ciento), Sinaloa, Coahuila, Durango y Michoacán (11 por ciento en cada caso).

Entonces, obvio es que la espada del combatiente no es suficiente ni garantía de resultados. La fábrica de pobres está a todo lo que da.

Las rebanadas del pastel

Las cabezas visibles de las distintas empresas disfrazadas de refugios de la fe han puesto el grito en el cielo y amenazan con recurrir a un exorcista para que saque al chamuco de sus dominios, especialmente del área financiera. Ello, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apretará las tuercas fiscales a más de 4 mil iglesias y congregaciones religiosas para que declaren ingresos no relacionados con su fin de culto. ¡Vade retro!, Aristóteles Núñez.

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