Llama a marchar por matrimonio asesinado en Morelos

yer, 5 de mayo, fueron hallados los cuerpos de la señora Sarah Rebolledo Rojas y del doctor Alejandro Chao Barona, asesinados brutalmente a pedradas en su casa del fraccionamiento Tabachines, en Cuernavaca, Morelos.

i amigo Manuel Gil Antón ha escrito una tan indignada como aguerrida defensa de los aspirantes a ingresar a la educación superior, en el periódico on line Educación futura, del pasado 3 de mayo, a propósito de una declaración del subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, según la cual hay “una obcecación por ingresar a determinadas instituciones públicas de educación superior…; prevalece un desconocimiento de la oferta del sistema nacional de educación superior, lo que genera universidades con lugares vacíos y otras saturadas”.

ólo los seis días previos permiten observar como en un espejo el filo de la realidad en nuestro país en materia de derechos humanos. En primer lugar encontramos la publicación en el Diario Oficial de diversos programas gubernamentales para el periodo 2014 y 2018. Entre el mar de armonizaciones y estrategias encontramos el déficit conceptual que no se compadece de la exhaustiva lista del marco normativo nacional e internacional. Es el caso de los pueblos indígenas en el Programa Nacional de Derechos Humanos, cuyo concepto como sujetos de derechos fue tan debatido; en lugar del mismo reaparece el de poblaciones indígenas, vulnerables por supuesto, y además se omite toda referencia a la autonomía y la libre determinación para centrarse en un problema tan real como limitado, el del acceso a la justicia, en sus procedimientos y no en sus contenidos: La población indígena se encuentra en situación de vulnerabilidad, repercutiendo en diferentes ámbitos, pero en particular en la administración de justicia, debido a que los medios existentes no responden al hecho de que no hablen español, no cuenten con recursos económicos para pagar defensa legal y para acceder a los órganos judiciales. Además, comunidades, pueblos y personas indígenas son víctimas de prácticas abusivas o violatorias de la debida diligencia. Lo anterior provoca desconfianza y miedo a represalias, por lo que no se acude a los órganos de justicia o instancias públicas de protección de los derechos humanos, situación que se agrava para las mujeres indígenas, puesto que la denuncia de ciertos hechos se ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas barreras, incluso el rechazo de su comunidad.

l pasado 30 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Institucional 2014-2018 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Es un documento muy importante, pues no se refiere exclusivamente –como pudiera pensarse– a las actividades administrativas y financieras de un organismo público, sino que, al tratarse de la entidad que diseña e impulsa la política nacional de ciencia, tecnología e innovación en el país, sus actividades tienen un gran impacto en estas tareas. De este Consejo dependen directamente varios centros públicos de investigación, los programas de formación de recursos humanos (como becas y apoyo a posgrados), el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y diversos apoyos y financiamiento a proyectos, entre otras muchas tareas con un alto impacto en la vida de las instituciones que realizan investigación y sus integrantes.