n la novela El corazón de las tinieblas Joseph Conrad, el célebre novelista polaco que escribió en inglés, narra la dramática travesía de un marinero llamado Marlow, que recorre el río Congo a finales del siglo XIX en búsqueda del jefe europeo de una explotación de marfil. El libro dibuja un crudo retrato del colonialismo belga en África y su saga de explotación brutal, esclavismo y racismo hacia la población nativa.

En lo que parece una ominosa redición del proyecto colonial, pero ahora en México en lugar de en el Congo, El corazón de las tinieblas es, también, el nombre con el que la empresa Hochschild Mining bautizó el proyecto minero que pretende explotar en la Montaña de Guerrero. Se trata de la concesión más grande otorgada por la Secretaría de Economía en aquellas tierras: casi 49 mil 739 hectáreas.

En esta rescritura de El corazón de las tinieblas en clave mexicana se encuentra uno de los indicadores centrales para comprender los graves conflictos por los que desde hace un par de años atraviesa la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), uno de los más innovadores proyectos de seguridad pública alternativa existentes en el país.

Hochschild Mining es una empresa británica dedicada a la exploración y exploración de oro y plata en América Latina. Fundada en Chile en 1911, se expandió años después a Bolivia y a Perú. En 1984, sus operaciones en Sudamérica fueron vendidas a la Anglo American Corporation of South Africa. En México, efectúa actividades de exploración desde 2007, en la mina a cielo abierto de Santa María de Moris, Chihuahua. Y ahora se dispone a tratar de sentar sus reales en la Montaña de Guerrero.

A diferencia del viaje en un pequeño bote que relata la novela de Conrad, la aventura guerrerense de Hochschild Mining comenzó con vuelos de helicóptero y avionetas. En noviembre de 2010 las aeronaves sobrevolaron la zona. Al poco tiempo tres personas, que se identificaron como representantes de esa empresa, se presentaron en las oficinas de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán. Querían garantías para realizar los vuelos sobre el territorio. Las autoridades les solicitaron la papelería que avalaba sus actividades. Ellos mostraron un documento fotocopiado que estipula que desde el 21 de octubre de 2010 la compañía cuenta con los permisos para realizar estas indagaciones.

De inmediato se levantó en la región una ola de inquietud. En un principio se supo que las concesiones eran tres: Corazón de Tinieblas; La Diana y San Javier (perteneciente a la canadiense CamSim) y La Faraona Goliat (perteneciente a la mexicana Grupo Goliat). Sin dilación, las autoridades de la CRAC efectuaron asambleas informativas sobre la nueva amenaza. Se inició entonces un arduo y complejo proceso de resistencia comunitaria.

Como demuestra un estudio de Tlachinollan, las concesiones mineras han crecido en Guerrero (como lo han hecho en casi todo el país) de manera vertiginosa. En 2005 existían en el estado 417 títulos de concesión, equivalentes a más de 328 mil hectáreas. En 2013, éstas se habían incrementado a 600 títulos que amparaban casi 705 mil hectáreas. En la Montaña de Guerrero, el gobierno federal entregó 30 concesiones para desarrollar labores de exploración y explotación minera a 50 años, en cerca de 200 mil hectáreas.

Las empresas mineras comenzaron a presionar a las comunidades para que aceptaran las explotaciones. Cuenta Edith Na Savi, en Desinformémonos, que éstas ya tenían mucho tiempo trabajando en la zona e incluso tienen gente ubicada que les hizo trabajo previo para ubicar el territorio ambicionado. De esta manera, consiguieron que, bajo engaños, Paraje Montero aceptara la llegada de la empresa.

Paraje Montero no fue la única comunidad trabajada por los empresarios. Sus agentes se desplegaron con sigilo en toda la zona. Y en su labor de convencimiento contaron con la ayuda de empleados públicos e instituciones gubernamentales. La CRAC denunció estas maniobras. “Nos preocupa –dijo– que de manera abierta y descarada, el gobierno del estado se pone al servicio de las grandes empresas haciendo labor de convencimiento en la población, desoyendo los reclamos y el rechazo que ya desde hace varios meses hemos hecho públicos.”

La CRAC considera que las concesiones mineras han violado en su perjuicio diversos derechos y ordenamientos legales que el propio gobierno debería observar y cumplir, tales como: el derecho a la consulta, previa, libre e informada, para decidir si quiere explotar esos recursos, y su derecho preferente a obtener las concesiones antes que las empresas.

Para echar atrás las concesiones mineras los montañeros han utilizado, con el auxilio de Tlachinollan, la Ley Agraria, que los faculta a decidir colectivamente sobre el uso de sus tierras comunes. Varios amparos fueron interpuestos. Unos fueron aceptados y otros rechazados. En los hechos, sus demandas solicitan que el Poder Judicial analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

En 2012, en la celebración de su 17 aniversario, la CRAC acordó la defensa integral del territorio, lo que implica una oposición contundente a las mineras, a las represas, a los proyectos de conservación como el pago por servicios ambientales y la reserva de la biosfera, a las megacarreteras, a los proyectos inmobiliarios, entre muchos otros megaproyectos que atentan contra el territorio de los pueblos.

El hostigamiento gubernamental contra la CRAC y las policías comunitarias, la pretensión de ilegalizarlas, el apoyo de Ángel Aguirre a una de sus facciones y las maniobras para auspiciar su división, coinciden en el tiempo con la decisión de los montañeros de rechazar las concesiones mineras en su territorio. El gobierno quiere franquear el paso a las empresas y eso sólo es posible si desmantela la organización que sirve de columna vertebral para la resistencia. Para que los nuevos colonizadores se asienten y establezcan su pleno dominio en el corazón de las tinieblas, necesitan hacer de la CRAC-PC una anécdota.

Twitter: @lhan55