La forma negligente en que las autoridades de Durango exhumaron más de 100 cadáveres de diversas fosas clandestinas –incluso dañándolos con trascabos–, es un descuido, una ofensa y una muestra de la incapacidad del Estado mexicano para sustentar los procedimientos más elementales en este tipo de casos, lamentaron activistas de derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó que elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron a cuatro presuntos delincuentes involucrados en extorsiones y secuestros; tres operaban en la ciudad de México y otro en Tamaulipas. En el Distrito Federal, las aprehensiones ocurrieron tras un reporte recibido en el Centro Nacional de Atención Ciudadana. Los detenidos fueron identificados como Miguel Gabriel Zúñiga, de 29 años, y quien cuenta con antecedentes penales por tentativa de homicidio; Hugo César Sánchez Gutiérrez, de 21, y un menor de edad. Según la PF, los tres están ligados a varios casos de extorsión, entre ellos el de un comerciante de 41 años, a quien le exigían dinero a cambio de no atentar contra su seguridad. En Tamaulipas, en seguimiento a una pesquisa desarrollada a partir del secuestro de dos estudiantes, policías federales detuvieron a Ricardo Pozo Garza, en el municipio de Altamira.

Trabajadores de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG) lamentaron que a tres años de solicitar por todas las vías institucionales una homologación de salario, respecto de otros servidores públicos de esta dependencia con funciones y responsabilidades iguales, no han encontrado respuesta satisfactoria.