La forma negligente en que las autoridades de Durango exhumaron más de 100 cadáveres de diversas fosas clandestinas –incluso dañándolos con trascabos–, es un descuido, una ofensa y una muestra de la incapacidad del Estado mexicano para sustentar los procedimientos más elementales en este tipo de casos, lamentaron activistas de derechos humanos.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), subrayó que al ignorar los protocolos básicos en la materia, el gobierno nacional expone su falta de sensibilidad y profesionalismo en un tema particularmente delicado.

Claro que hay que recuperar los cuerpos de las personas que fueron enterradas, pero para ello el gobierno debería tener un equipo especializado en antropología forense y crear un banco de datos en el que se registre el ADN de las personas que reclaman a sus desaparecidos, medida que sugirió la Afadem en 2009, aseveró.

El descuido con el que se trató a los cuerpos encontrados en las fosas, dijo Mata, es totalmente ofensivo para los familiares de las víctimas y para la sociedad. En Atoyac (Guerrero, durante la búsqueda de los restos del luchador social Rosendo Radilla), en cuanto se encontraban indicios de un cadáver, las máquinas paraban y el trabajo se hacía a mano.

Sin embargo, estos procedimientos no se utilizaron en Durango con el mismo cuidado por la falta de interés de las autoridades locales en proteger la identidad de las personas asesinadas. En México hay buenos antropólogos, pero han echado a perder su trabajo por no obedecer los estándares internacionales en la materia. Como siempre, México firma tratados, pero no los respeta.

Por su parte, Nadine Reyes, del colectivo Hasta Encontrarlos, lamentó que las autoridades no tengan un equipo especializado de búsqueda de cuerpos, en el caso del delito de desaparición forzada, ni tampoco un banco de datos en donde puedan consultarse el número y la identidad de las víctimas.

En Guerrero, han recurrido a forenses de Argentina por la desconfianza que se le tiene a las instituciones mexicanas. Es una falta de respeto que el gobierno no tenga cuidado al tratar los cuerpos, porque al lastimarlos está borrando huellas que pueden servir para identificarlos. Hacer investigaciones serias es su responsabilidad, y no se vale que juegue con la angustia de la gente, señaló.