Chihuahua, Chih., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua emitió una recomendación a favor del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Se solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reducir la vigilancia sobre el ex mandatario (2010-2016), mientras permanece en libertad condicional.

La recomendación 018/2025, dirigida a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señala una supuesta vigilancia ilegal en agravio de Duarte Jáquez por la instalación de una torre de videocámaras de seguridad dentro del fraccionamiento donde está su domicilio, sobrevuelo de drones y agentes de policía que lo han seguido en vehículos no oficiales.

Las supuestas violaciones a derechos humanos fueron acreditadas por la visitadora Paulina Chávez López, ex funcionaria de la Secretaría de Gobierno de Chihuahua en el sexenio de Duarte, según registros del gobierno estatal. La recomendación procedió con el respaldo de un presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera.

La resolución deriva de una queja presentada por el ex gobernador el 9 de septiembre de 2024, en la que acusó persecución política y detención ilegal.

Duarte Jáquez defiende que fue arrestado en Estados Unidos con fines de extradición el 8 de julio de 2020 por una sola causa penal, y se le expulsó del país vecino el 2 de junio de 2022.

“Permanecí internado hasta el 5 de junio de 2024, excediendo el plazo de dos años de prisión preventiva que marca la Constitución. Al vencerse esa medida cautelar, dejé de estar bajo la vigilancia de la Dirección de Ejecución de Penas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, aseguró en su momento.

La jueza Hortencia García le concedió libertad condicional, con las restricciones de que use brazalete electrónico y no salga del municipio de Chihuahua, bajo supervisión de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial del Estado, dentro del proceso penal abierto por un presunto desfalco por 96.6 millones de pesos.

“Al llegar a mi domicilio con el brazalete, comenzó un acoso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Introdujeron al fraccionamiento donde vivo, un vehículo tipo torre de vigilancia, y comenzaron a volar drones diariamente cerca de mi casa”, refirió el ex mandatario en su queja.